Estados Unidos está considerando octubre como fecha límite para terminar con exenciones de las sanciones contra Venezuela que permiten a algunas empresas y refinadores seguir recibiendo petróleo del país sudamericano, dijeron dos fuentes, cuando Washington busca presionar más a Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha profundizado las sanciones contra la estatal petrolera venezolana, PDVSA, sus socios y clientes, desde que impuso por primera vez medidas contra la compañía a principios de 2019, buscando sacar a Maduro del poder luego de una reelección en 2018 considerada un fraude por países occidentales.
Funcionarios en Washington dicen que el escaso éxito de las sanciones en resquebrajar el control de Maduro sobre el poder ha obsesionado a Trump. Con las elecciones presidenciales estadounidenses acercándose en noviembre, la Casa Blanca se prepara endurecer su postura sobre Venezuela, especialmente las sanciones a los sectores de petróleo y oro, dijeron las fuentes.
Las sanciones han privado a PDVSA de la mayoría de sus clientes de largo plazo, encogiendo las exportaciones petroleras a menos de 400.000 barriles por día (bpd), las más bajas en casi 80 años.
Un puñado de clientes europeos y asiáticos ha continuado recibiendo petróleo venezolano bajo autorizaciones específicas otorgadas desde el año pasado por el Tesoro de Estados Unidos, para transacciones que no involucran pagos en efectivo al régimen de Maduro.
La lista incluye a la italiana Eni, la española Repsol, la india Reliance Industries y la tailandesa Tipco Asphalt. Cerca de una docena de empresas, en su mayoría desconocidas, también han surgido como clientes este año, según los documentos de exportación de PDVSA.
El gobierno de Estados Unidos está tratando de establecer una fecha límite en octubre para que finalicen todas las transacciones con petróleo venezolano, incluidos los canjes y pagos de deuda con crudo, dijeron las fuentes.
“Cualquier negocio petrolero que quede debe completarse” antes de la fecha límite, dijo una de las fuentes.
PDVSA, Reliance, Tipco y el departamentos del Tesoro de Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que “continuarán involucrados en conversaciones con compañías del sector energético sobre los posibles riesgos que enfrentan al hacer negocios con PDVSA”.
Repsol, que al cierre de 2019 registró 239 millones de euros de deuda pendiente por cobrar en Venezuela, dijo que sus operaciones cumplían plenamente con las leyes internacionales.
Eni dijo que estaba operando en total cumplimiento con el marco de sanciones de Estados Unidos y que continuaría haciéndolo “en un diálogo continuo con todas las autoridades relevantes de Estados Unidos”.
Comerciantes y fuentes de las empresas familiarizadas con las operaciones de exportación de Venezuela dijeron que aún no han sido notificados de los cambios.
Casi todos los clientes de largo plazo que le quedan a PDVSA han solicitado desde 2019 autorización del Tesoro para tomar petróleo venezolano bajo contratos que no implican pagos en efectivo al gobierno de Maduro como una forma de cobrar deudas o dividendos pendientes, o para intercambiar crudo venezolano por combustibles y otros bienes.
En febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó al que entonces era el principal socio comercial de PDVSA, Rosneft Trading. En marzo, la OFAC impuso sanciones a otra unidad de la rusa Rosneft, TNK Trading, y en junio sancionó a dos empresas con sede en México que intercambiaron petróleo venezolano por camiones cisterna.
Desde entonces, la mayoría de los compradores habituales de crudo venezolano han dejado de hacer negocios con PDVSA para evitar infringir las sanciones, pero en los últimos meses han surgido nuevos clientes, en su mayoría desconocidos, que se llevan cargamentos mediante complicadas transacciones que a menudo involucran transbordos en altamar y múltiples reventas.
Venezuela también ha profundizado recientemente sus negocios con Irán, enfureciendo a Washington, que este mes incautó 1,1 millones de barriles de combustible iraní con destino al país sudamericano tras obtener una orden judicial de un tribunal estadounidense.
Estados Unidos en abril le dio a Chevron Corp y a un puñado de empresas de servicios petroleros de ese país hasta el 1 de diciembre para cerrar todas sus operaciones en Venezuela.
Chevron, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, había dejado de comercializar crudo venezolano en marzo.
Reuters