Las protestas en la capital colombiana comenzaron a última hora de la tarde del martes, en rechazo a la muerte a manos de la Policía de Javier Ordóñez, un abogado de 44 años que falleció tras sufrir múltiples descargas con un teaser por parte de los agentes que lo habían detenido. En medio de los disturbios, al menos 58 personas resultaron heridas con arma de fuego, por lo que la alcaldesa distrital insistió en que resulta urgente una reforma a la institución.
Al menos siete personas murieron y 58 resultaron heridas con arma de fuego durante la noche de protestas registrada este 9 de septiembre en la capital colombiana en rechazo a la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de la Policía.
De acuerdo con los datos entregados por Claudia López, la alcaldesa de la ciudad, en el transcurso de la jornada de movilización recibieron decenas de denuncias de abuso policial y uso de balas para controlar las manifestaciones, acciones que no están permitidas y por las que insta a una reforma de la institución policial.
«Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares», aseguró la alcaldesa.
Estos enfrentamientos son los mayores que registra la capital desde las jornadas de paro nacional de noviembre de 2019 y se produjeron horas después de que varios agentes mataran al jurista Ordóñez, un ciudadano del occidente de la capital que fue detenido y al que se le disparó con pistola eléctrica más de una decena de veces.
La indignación contra la Policía se fraguó durante toda la jornada del 9 de septiembre, según fueron circulando los vídeos tomados por testigos que mostraban la violencia policial ejercida sobre Ordóñez. En el sector de Villa Luz, lugar donde sucedieron los hechos, se comenzó realizando un homenaje a la víctima, pero pronto afloraron las tensiones.
Algunos de los asistentes comenzaron a recriminar a los policías del CAI -estación de policía de barrio- más cercano al lugar del fallecimiento del hombre y comenzaron los enfrentamientos y los intentos de destruir y saquear el centro policial. A partir de ahí, los disturbios se expandieron por toda la ciudad e incluso otras ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali.
Y es que la violencia policial en Bogotá, y en todo Colombia, no es algo nuevo. Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, en lo que va corrido del año la Alcaldía ha recibido 137 denuncias por «presunto uso excesivo de la fuerza, de posibles vulneraciones de derechos humanos por parte de la Policía» en la ciudad.
La destrucción de los CAI se empezó a extender por la ciudad como represalia y se notificaron ataques en localidades como Suba, Kennedy, Bosa, Teusaquillo o San Cristóbal. Ante esto, fueron desplegadas las unidades de intervención especial, conocidas como ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), que protagonizaron los enfrentamientos más violentos con los manifestantes.
Según las autoridades locales, alrededor de 45 CAI de los más de 150 que posee la capital fueron destruidos. Bogotá amaneció también con varias estaciones de TransMilenio – el medio de transporte más utilizado en la ciudad- destruidas, especialmente en los sectores del sur de la urbe.
En localidades como Suba se registraron vídeos de la ciudadanía en los que se aprecia que la Policía realizó varios disparos seguidos. En estas grabaciones se observa a personas con heridas, aparentemente producidas por bala.
Al menos cuatro de los fallecidos se registraron en la capital y otro fue en la ciudad de Soacha, en el área metropolitana de Bogotá.
Durante la noche también se registraron al menos 50 heridos entre los manifestantes y unos 30 agentes con lesiones. La mayoría de estos casos se dieron en los sectores populares de la ciudad.
Condena de las autoridades locales
Aunque en un primer momento, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, aseguró que la violencia policial no se trata de “manzanas podridas”, sino de “algo más sistemático” y condenó los hechos, también condenó los actos vandálicos.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que pasó parte de la noche en una reunión urgente de seguridad, manifestó que los dos agentes que atacaron al abogado «son ya objeto de investigación disciplinaria y penal y la institución dará toda la colaboración que requiera la autoridad competente».
La Fiscalía General de la Nación asumió de inmediato la investigación del caso, que estará a cargo de un grupo de especialistas de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras que la Procuraduría tomó «por poder preferente el proceso que adelantaba la Policía Nacional por la muerte del ciudadano».
El Ministerio Público busca establecer e individualizar la participación de miembros de la Policía durante el operativo, así como el trato que se le dio a la víctima una vez fue subida a una patrulla de la institución.
France 24