Provea: 1.611 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad de enero a junio del 2020

Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad.

Los datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Las dos organizaciones iniciaron desde el año pasado un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.

Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.

En los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación. El pasado 21 de agosto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás maduro.

Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los funcionarios presuntamente responsables del crimen. Por los hechos, se privó de libertad a José Contreras y Néstor Olano y se ordenó la captura de los funcionarios Andrés Díaz, y José Moreno.

Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial.

Muy distinta es la actuación cuando las víctimas no tienen “padrino político”. En primer lugar, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las familias que desean tener la misma suerte de contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales. Para ellas, por ahora, solo está garantizada la impunidad.

Es importante destacar que, en el caso de los trabajadores de la Televisora Guacamaya y las cinco personas asesinadas en El Limón, la versión oficial presentada por las FAES fue que las personas habían enfrentado a los funcionarios y debido a ello murieron. Esta es la versión en la casi totalidad de casos en los cuales no sólo este componente de la Policía Nacional realiza ejecuciones, sino también cuando están involucrados otros organismos policiales.

En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales.

Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.

Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima.

Constituye el patrón que históricamente concentra el mayor número de fallecimientos por violación al derecho a la vida. Ello en sí mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte. Este patrón se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de víctimas es posible identificar desde (i) quienes fallecen por problemas personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con funcionarios de los cuerpos de seguridad (abriendo espacio al sub patrón “abuso poder”); (ii) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para “acabar” con la vida de jóvenes bajo el paragua de la “profilaxia social”, donde la versión institucional suele ser la de enfrentamiento posicionando en el discurso que las víctimas se trataba de peligrosos criminales.

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