AP: Informante en caso principal de Venezuela mintió a federales estadounidenses
Un informante clave contra uno de los ayudantes más cercanos a Nicolás Maduro ha sido acusado de mentir a sus encargados de hacer cumplir la ley en un caso que involucra millones de dólares transportados en aviones privados en violación de las sanciones de Estados Unidos, según supo The Associated Press.
La sorpresiva reversión podría dañar el caso contra el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, a quien Estados Unidos considera uno de los agentes de poder más corruptos de Venezuela, dando oxígeno a las afirmaciones de la élite socialista de la nación de que Estados Unidos está recurriendo a acusaciones inventadas para lograr su objetivo de Cambio de regimén.
También sigue a revelaciones vergonzosas en otro caso de sanciones en el que un juez federal criticó a la misma unidad de fiscales de Manhattan que apuntaba a El Aissami por retener información exculpatoria sobre un empresario iraní visto como un nexo en los crecientes vínculos entre la república islámica y Venezuela.
Alejandro Marín, un piloto y empresario nacido en Venezuela, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami por tres cargos de hacer declaraciones falsas a sabiendas a agentes federales de Estados Unidos, según documentos judiciales.
Una declaración jurada que acompaña a la orden de arresto del 4 de septiembre no menciona a Venezuela ni a El Aissami.
Pero acusa a Marin de mentir sobre el equivalente a 140.000 dólares que desaparecieron de un paquete de 1,3 millones de euros en efectivo que transportó en un jet privado a Estados Unidos en julio de 2018 por orden de las autoridades federales.
Marin, de 46 años, dirige un negocio de vuelos fletados en el aeropuerto ejecutivo Opa Locka de Miami. Fue inscrito como fuente confidencial para ayudar a investigar el entonces vicepresidente El Aissami y su presunto líder, el empresario Samark López, según una persona familiarizada con el caso que habló de forma anónima para discutir la investigación en curso.
La administración Trump sancionó a ambos hombres como capos de la droga en 2017, incautando cientos de millones de dólares de cuentas bancarias estadounidenses, dos yates, un avión privado y bienes raíces en Miami que, según dijo, eran ingresos ilegales de envíos de cocaína a cárteles mexicanos coordinados al más alto nivel. del gobierno y el ejército de Venezuela.
Más tarde los acusó de violar esas mismas sanciones al presuntamente utilizar compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aviones con matrícula estadounidense a Rusia, Turquía y dentro de Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro en 2018, que la oposición boicoteó en medio de acusaciones de fraude y votación. aparejo.
Ambos hombres figuran en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Ambos han negado haber actuado mal y López incluso apeló sin éxito a la Corte Suprema de los Estados Unidos para tratar de impedir que las víctimas de secuestro de los rebeldes colombianos se llevaran una parte de $ 318 millones de activos congelados en los Estados Unidos luego de su designación como “capo de la droga” por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos .
Un ex estudiante activista educado en política radical por su padre, un inmigrante druso sirio-libanés, El Aissami, de 45 años, ha ascendido constantemente en las filas de la revolución de camisas rojas de Venezuela. En el camino, se ha ganado una reputación de crueldad pero también de pragmatismo que contrasta fuertemente con sus lemas antiimperialistas.
Quizás más que cualquier otro de las docenas de funcionarios venezolanos bajo investigación, ha sido una espina clavada en el costado de la aplicación de la ley de Estados Unidos, que ha pasado gran parte de la última década buscando pruebas que lo vinculen con los cárteles de Colombia y los grupos terroristas del Medio Oriente.
Pero ni él ni López han sido acusados ??de tráfico de drogas, incluso cuando los fiscales agregaron en marzo a Maduro y otros a amplios cargos de conspiración narcoterrorista que acusan efectivamente al gobierno de Venezuela de ser una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.
Christian Dunham, un defensor público federal que representa a Marin, se negó a comentar, pero dijo que se espera que su cliente comparezca ante el tribunal para una audiencia de detención previa al juicio el 30 de septiembre.
La oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Según la orden de arresto, aproximadamente $ 140,000 del efectivo adeudado al gobierno de los EE. UU. Se retiraron de los paquetes que Marin ayudó a transportar por orden de un asociado extranjero identificado solo como “Individuo 1”. Los investigadores de EE. UU. Le dieron instrucciones a Marin para que intentara recuperar los fondos faltantes transfiriéndolos a una cuenta bajo el control de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que es la agencia líder en delitos financieros que se extienden más allá de las fronteras estadounidenses.
Después de que se rechazaron dos transferencias bancarias, el dinero finalmente se depositó meses después en una empresa controlada por Marin, que nunca se lo dijo a los investigadores. Alrededor de $ 90,000 provinieron de una organización afiliada a un equipo de fútbol extranjero anónimo asociado con el “Individuo 1”, según el testimonio del agente especial de HSI, Timothy McCann.
Dos años después, los funcionarios federales en agosto de 2020 le preguntaron a Marin sobre los fondos que faltaban en el paquete etiquetado como “Marin”. En una serie de llamadas telefónicas con fiscales de Estados Unidos y en una reunión posterior en Manhattan, reiteró que no recuperó nada del efectivo faltante.
Sin embargo, el 28 de agosto, cambió su historia y dijo que después de consultar con su contador, recordó que de hecho había recibido $ 130,000 de “Individual-1”, parte de los cuales provenían de la organización asociada con el club de fútbol.
McCann no mencionó el club de fútbol en su testimonio. El Aissami, un gran aficionado al fútbol, ??en 2015 se incorporó a la lista de un equipo de fútbol venezolano de primera división del estado de Aragua, que gobernó de 2012 a 2017.
No está claro qué impacto, si lo hay, tendrán las nuevas revelaciones en el caso contra las sanciones contra El Aissami, López y tres coacusados ??que se encuentran actualmente bajo custodia federal de Estados Unidos. Solo uno de ellos, Victor Mones, propietario de American Charter Services, registrado en Florida, se ha declarado culpable.
La fiscal federal adjunta Amanda Houle, en una audiencia esta semana para uno de los coacusados, le pidió al juez Alvin Hellerstein más tiempo para presentar las pruebas que debe entregar a los acusados ??que puedan ayudarlos a demostrar su inocencia.
“Señoría, dada la situación que se está desarrollando con la fuente confidencial, no quiero descartar la posibilidad de que se pueda recopilar información adicional en las próximas dos semanas”, dijo, sin mencionar ningún arresto ni referirse a la fuente por su nombre. .
El juez Hellerstein, respondiendo a las quejas del abogado del acusado de que el gobierno ha estado demorando más de un año, le dio al gobierno una extensión final de 30 días, expresando disgusto por no haber recopilado toda la información.
“Después de eso, puede haber repercusiones”, dijo.
Bonnie Klapper, exfiscal federal en Nueva York, dijo que los cargos contra un informante del gobierno por mentir “obviamente van en detrimento del caso del gobierno, pero no es una sentencia de muerte”.
Ella comparó el desarrollo con lo que sucedió en otro caso de alto perfil en Venezuela, el juicio por narcóticos de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, donde el gobierno tuvo que romper a mitad de camino un acuerdo de cooperación con un equipo de informantes de padre e hijo que también fueron encontrados mintiendo. al gobierno. No obstante, el caso procedió y los dos llamados “narco sobrinos” fueron condenados por un jurado y condenados a 18 años de prisión en 2017.
Dijo que es probable que la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales en el distrito sur de Nueva York esté actuando de manera agresiva para revelar la mala conducta a la luz de las críticas que trató de enterrar la evidencia en el caso contra Ali Sadr Hshemi Nejad. En junio, los fiscales retiraron abruptamente los cargos contra el empresario iraní después de que fuera condenado por lo que describió como “cuestiones relacionadas con la divulgación” que habrían alterado su defensa.
“El gobierno hizo lo correcto al revelar esto”, dijo Klapper sobre Marin. “Con demasiada frecuencia, este tipo de cosas se entierran bajo la alfombra”.
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