Licencia para saquear. Por Lester Toledo (@LesterToledo)
Esa en definitiva es el fin de la inconstitucional Ley Antibloqueo o lo que es lo mismo, Ley para Garantizar la Impunidad de los Corruptos del Régimen, un instrumento creado a petición de Nicolás Maduro en un despropósito de legalizar el robo y el saqueo en Venezuela.
Una ley aprobada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, con la explícita orden de cero discusión y objeción, y que la misma recibiera el voto ciego y mudo de los constituyentistas, y que en su obsesivo empeño de hacer ver lo ilegal en legal, le acuñaron en su título el apellido de Constitucional, una figura inexistente en el ordenamiento constitucional venezolano, que establece que el único órgano con competencia para sancionar leyes es la Asamblea Nacional.
Cuando decimos que se trató de una ley aprobada a ciegas, es literal, esta ley se presentó al mejor estilo de un monólogo, y no hubo discusión alguna ni análisis de los 44 artículos que constituyen la referida norma.
Pero si vamos a su contenido, no podemos dejar de encender las alarmas sobre las oscuras intenciones que ella contiene.
Su fin primordial es escudarse de las sanciones que distintas naciones y organizaciones demócratas del mundo, como el Parlamento europeo, Unión europea y en especial Estados Unidos, han interpuesto en contra de funcionarios del régimen, incluido el mismo Nicolás Maduro, a quienes se les ha señalado de corruptos, narcotraficantes, lavadores de dinero, torturadores y asesinos.
El mismo texto en su artículo primero señala que este persigue proveer al poder público de herramientas jurídicas para contrarrestar y reducir, los “efectos nocivos generados por la imposición” de las sanciones financieras, principalmente de Estados Unidos contra Venezuela.
Otro de los riesgos graves que contempla esta ley es que pueden, cuando así lo consideren, violar otras leyes, o como señala “inaplicarlas”, todo, con el fin de “superar los obstáculos del bloqueo estadounidense”.
También faculta a Maduro para que realice cambios en la propiedad de empresas conjuntas entre capital privado y Pdvsa sin estar obligado a rendir cuentas, ni especificar cuál es el porcentaje de participación de la estatal petrolera en esas alianzas.
Una norma que les da licencia para robar y saquear por su carácter “reservado, confidencial o de divulgación limitada”.
Pero veamos a que le quieren huir Nicolás Maduro y sus secuaces cuando se inventan estas inconstitucionales leyes:
A las más de 200 sanciones emitidas a personas y entidades del entorno de Maduro. La mayoría señalados por Washington por hechos de corrupción que afectan al pueblo venezolano.
A la anulación de más de 700 visas, incluidas las de más de 100 ex diplomáticos del régimen.
A las sanciones a personas extranjeras que proporcionen apoyo o bienes, o servicios a cualquiera de los que ya están en la lista negra, tanto del Tesoro como del Departamento de Estado. Apuntando a las empresas de países aliados como Rusia y Turquía, acusados de entregar logística a Maduro.
A la restricción en la entrada a Estados Unidos de personas cercanas a Maduro que han sido sancionadas. En la lista de sancionados hay más de 100 funcionarios que cerraron filas con Maduro. Entre ellos familiares como su esposa Cilia Flores, y hijo e hijastros.
Quedando exceptuadas de estas sanciones los sectores estratégicos y vitales como alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos; remesas personales no comerciales; organizaciones internacionales; telecomunicaciones y correo; Internet; servicios médicos; y organizaciones no gubernamentales.
Y tal como ha aclarado la Casa Blanca, las sanciones no pretenden ir contra el pueblo venezolano. Son acciones de presión contra “Maduro y sus continuos abusos contra los derechos humanos».
La hambruna generalizada que se ha apoderado de Venezuela, no es culpa de las sanciones norteamericanas, es culpa de Maduro y su política de expropiaciones y aniquilación del campo venezolano; la hiperinflación que afecta y golpea a los venezolanos tienen un único responsable y culpable: Maduro, quien con sus erradas políticas económicas, el fulano Petro, el control de cambio y de precios, más los cambios de la moneda, debilitó y destruyó al bolívar, no de las sanciones; la carencia de servicios públicos, incluida la escasez de la gasolina, es única culpa de Maduro, pues se encargó de destruir PDVSA, Corpoelec, las empresas hídrológicas y las gasíferas. La carencia de medicinas e insumos son culpa de Maduro, quien se encargó de saquear y robar, a tal punto, que han dejado en ruinas el sistema de salud venezolano, sin hablar del sistema educativo.
Es Maduro quien se ha encargado de aniquilar los salarios de los venezolanos, no las sanciones del gobierno de Trump.
De forma tal que esta Ley denominada Antibloqueo, lo que busca es obtener una licencia para seguir saqueando, robando y aniquilando las reservas ya mermadas de nuestro país, usando las sanciones como excusas para garantizarse impunes.
Esta Ley no hará que usted sufra menos apagones, o que abunde la gasolina o el agua, o que aparezcan mágicamente los suministros en los hospitales, o que los maestros, médicos, profesores universitarios, obreros, tengan sueldos dignos, o que se detenga el éxodo de venezolanos, pues no. Esto no es otra cosa que una licencia para que los corruptos como Maduro y sus cómplices sigan robando y sigan acabando con Venezuela y con los venezolanos.
Lester Toledo / @LesterToledo