El secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional John C. Demers acompañado del Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito de Columbia, Michael Sherwin, y el Representante Especial del Departamento de Estado para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, anunciaron este miércoles 29 de octubre dos acciones judiciales de incautación civil que han interrumpido actividades malignas y, en un caso, potencialmente mortal emprendida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) -Quds Force, una organización terrorista extranjera.
Demers detalló que en noviembre de 2019 y febrero de 2020, dos buques de guerra estadounidenses, el USS Forrest Sherman y el USS Normandy, mientras realizaban operaciones de seguridad marítima de rutina en el Mar Arábigo, interceptaron dos buques sin bandera. A bordo de ambos buques había grandes existencias de armas, incluidos 171 misiles antitanques guiados, ocho misiles tierra-aire y varios otros componentes de misiles. La investigación posterior reveló que el cargamento de los barcos era de fabricación iraní y compatible con los sistemas de armas iraníes conocidos. Un análisis adicional reveló que las armas eran de la Fuerza IRCG-Quds y estaban destinadas a grupos militantes en Yemen. El 20 de agosto de 2020, la División de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia presentaron una denuncia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para confiscar las armas incautadas.
El 20 de julio de 2020, la División de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia presentaron la segunda acción, una demanda en el Tribunal de Distrito de EEUU que busca confiscar aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo refinado iraní de cuatro buques de bandera extranjera con destino a Venezuela. El producto de la venta del petróleo benefició al IRGC. En agosto de 2020, el Tribunal de Distrito emitió una orden de arresto real del cargamento. Al recibir la orden de incautación del tribunal, el propietario del barco transfirió el petróleo al gobierno estadounidense y procedieron a vender y entregar ese petróleo.
Las dos quejas de decomiso alegan sofisticados esquemas del IRGC para enviar en secreto armas a Yemen y combustible a Venezuela, países que representan graves amenazas para la seguridad y estabilidad de sus regiones. Estas acciones representan las mayores incautaciones civiles de combustible y armas de Irán realizadas por el gobierno. Irán sigue siendo uno de los principales patrocinadores estatales del terrorismo y una fuerza desestabilizadora mundial. Los fondos confiscados con éxito de las ventas de combustible serán entregados al Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado después de la conclusión del caso.
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