Desde hace más de 20 años se inició en Venezuela la instalación de un modelo político, económico y social con un objetivo ideológico de corte comunista, el cual de manera hábil a su vez revestido de todas las formas inconstitucionales logró destruir la economía y todo el aparato productivo, para sumir a la gran mayoría de los venezolanos en las peores condiciones de vida, jamás nunca vistas, además de la violación flagrante por parte del gobierno de todos los Derechos Humanos. Todo esto como un plan macabro para garantizar la perpetuidad del régimen dictatorial.
Nuevamente a través de la coacción y el terror psicológico a una población profundamente empobrecida y bajo amenazas de dejar de recibir algunos de los beneficios económicos y alimentarios que otorga el gobierno usurpador, es como se pretende legitimar y tomar control de la Asamblea Nacional mediante una farsa electoral, sin ninguna garantía y no reconocida por la mayoría de gobiernos democráticos del mundo, usando el hambre y la necesidad de la gente como arma de control social y en medio de la emergencia humanitaria compleja, a la cual se suma pandemia del Covid-19.
La Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (ENCOVI) 2019 – 2020 reveló que las condiciones en cuanto a desnutrición y pobreza hacen que la realidad del país sea comparada a la de las naciones más pobres del mundo y se asemeja a países de África en desnutrición y pobreza, en donde 9 de cada 10 venezolanos no pueden comprar los alimentos que necesitan.
Candidatos ofrecen comida por votos rumbo al fraude parlamentario. Esta estrategia de regalar alimentos a cambio de la lealtad de los ciudadanos para que acudan a votar en las Parlamentarias, es utilizada por los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y por quienes representan las organizaciones minoritarias que se hacen pasar por oposición, que respaldan el fraude electoral.
Recurrir a esta práctica es detestable, por la realidad que vive el país, donde hay gente muriéndose de hambre por la pérdida del poder adquisitivo, debido a que el salario mínimo está por debajo de los 2 dólares mensuales.
Aunado a esta situación, la falla en los servicios básicos como el suministro de gas, los cortes en la energía eléctrica y escasez de agua potable tan importante en la higiene y manipulación de alimentos, agudizan más la situación de inseguridad alimentaria.
El país requiere urgentemente recuperar la democracia e institucionalidad para poder tomar las medidas necesarias para poder consolidar un modelo de libertad y plena vigencia de los derechos humanos con oportunidades para todos. Esto permitirá la mejora en la calidad de vida y la recuperación de la economía luego de muchos años de la destrucción económica.
Arq. Abg. José Antonio Robles
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