Farc secuestraron a más de 21.000 personas
Ocho altos mandos de la disuelta guerrilla Farc fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas, anunció este jueves el sistema de justicia surgido del histórico acuerdo de paz en Colombia.
“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre. El tribunal también imputó a los exlíderes de la guerrilla “otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.
La decisión más importante tomada por la JEP desde su creación, en 2017, se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de 1.000 víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otros.
Los imputados pertenecían al secretariado de las Farc, máximo órgano decisorio de la organización. Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, creado tras la firma de los acuerdos de paz en 2016. La decisión cobijó también a Pablo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido como parte del pacto de paz.
Ermilo Cabrera, quien falleció el pasado miércoles también fue imputado.
El presidente Iván Duque, quien en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos para endurecer las sanciones a los exguerrilleros, se pronunció indirectamente sobre la decisión. “No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, se quejó.
Por su parte, el ahora partido de izquierda se declaró arrepentido, comprometido con la paz y aseguró que evaluarán el documento de imputación de cargos para definir una posición al respecto. “Sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, reiteró la fuerza política Comunes. “Fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención (…) de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil”, enfatizó Lamaitre. Según el documento de imputación, entre 1990 y 2016 la guerrilla secuestró a 21.396 personas, “número sensiblemente más alto que el conocido hasta ahora”. En julio de 2018, los entonces líderes guerrilleros empezaron a responder de forma individual ante la JEP por ese delito, señaló el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.
En distintas ocasiones pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que asumirían las responsabilidades que les correspondieran. Miles de secuestrados, incluidos militares, policías y dirigentes como la excandidata Ingrid Betancourt, estuvieron encadenados hasta diez años en la selva.
La Opinión