Tribunal de paz en Colombia triplica la cifra de muertes por ‘falsos positivos’

En Colombia podría haber el triple de ejecuciones extrajudiciales de las que las autoridades creían hasta ahora. Este crimen, conocido en el país como ‘falsos positivos’, es cometido principalmente por la fuerza pública y consiste en que los militares matan a un civil para después vestirlo con prendas camufladas y hacerlo pasar por combatiente, la mayoría de las veces por guerrillero. A cambio, los uniformados que reportaban estas bajas eran recompensados con dinero, permisos, vacaciones y otros beneficios.

Lo novedoso no es que se hable del crimen, sino que el mecanismo de Justicia transicional creado en el Acuerdo de Paz con las FARC asegura que las cifras pueden ser mucho más altas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció a través de un comunicado que solo entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas a las que mataron y las hicieron pasar ilegítimamente como guerrilleros.

Ese número triplica el que estimaba la Fiscalía. El ente de investigación criminal reportó a la JEP que había 2.248 víctimas de ‘falsos positivos’, incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014.

Los datos no oficiales siempre suelen ser mayores. Por ejemplo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP este 18 de febrero.

¿Cómo contabilizaron a los muertos de ‘falsos positivos’?

La JEP explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Después de recopilar la información, eliminó los casos que estaban duplicados y así obtuvo la cifra preliminar de más de 6.400 víctimas de falsos positivos, un número que está sujeto a verificación según la JEP, pues el caso que comenzó en 2018 sigue abierto.

Aunque las fuentes difieren respecto a la magnitud del crimen, hay dos aspectos en los que todas las bases de datos coinciden. El primero es que los ‘falsos positivos’ se dispararon entre 2002 y 2008. El segundo punto en común es que tanto las organizaciones no gubernamentales como las instituciones estatales demuestran que 2007 fue el peor año de todos. Los datos que compiló la JEP aseguran que ese año hubo cerca de 1.600 víctimas de este crimen, lo que implica un promedio de más de cuatro muertos cada día.

El gobierno de Álvaro Uribe y el recrudecimiento de las ejecuciones extrajudiciales

Todo ese periodo coincide con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más reconocidos de Colombia en los últimos años y quien tiene cerca de 30 procesos abiertos en su contra por delitos que van desde compra de testigos hasta nexos con el paramilitarismo.

Aunque la JEP no mencionó a Uribe, sí aseguró que únicamente en esos seis años (de su gobierno) se cometieron tres cuartas partes de todos los ‘falsos positivos’ que ha habido en la historia del país. Uribe respondió a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el comunicado de la JEP era “sesgado”.

El expresidente y también exsenador sostuvo que en 2003 organizaciones “contrarias” a las ideas del entonces mandatario “acusaban a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales”. Explicó que su respuesta fue ordenar que los fallecidos no fueran movidos hasta que llegaran las autoridades pertinentes para hacer el levantamiento.

Uribe agregó que a finales de 2008 suspendió a 27 oficiales del Ejército, tras el informe del Ministerio de Defensa que “presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos”.

El expresidente se defendió alegando que su gobierno siempre privilegió la desmovilización y la captura sobre “las bajas” y que nunca propició el asesinato. “No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”, concluyó.

Esta postura es contraria a lo que planteó la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos en su informe de 2012. Según el colectivo de organizaciones, “bajo el mandato del Gobierno (Uribe) que impulsó la Política de Seguridad Democrática, las ejecuciones ilegales de civiles a manos de la Fuerza Pública se convirtieron en una práctica sistemática” y que esos tipos de muertes “no fueron hechos aislados ni accidentales o coincidencias sino casos masivos”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de la organización Human Rights Watch, pidió al exmandatario no interferir en las investigaciones de la JEP.

Las madres de las víctimas aseguran que son más los muertos

“La cifra real va subiendo, va subiendo y va subiendo. Sabemos que hay muchísimos más de 6.000 jóvenes inocentes que salieron de un hogar en busca de una oportunidad de trabajo y que tristemente nuestro glorioso Ejército colombiano acabó con ellos”, dijo Cecilia Arenas, líder de la organización Madres Falsos Positivos de Colombia, al conocer el comunicado de la JEP.

Cuando Cecilia habla del empleo se refiere a lo que le pasó a su hermano Mario Alexander Arenas Garzón y a muchas otras de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El 2 de enero de 2008, Mario salió de la casa de su hermana en Soacha, en el centro del país, hacia el hogar de su mamá en la vecina Bogotá, la capital colombiana; pero nunca llegó. Cuando lo llamaron, él respondió que se había ido porque había conseguido un trabajo. Siete meses después, sus familiares se enteraron por los medios de comunicación de que el cuerpo sin vida de Mario Alexander estaba en Floridablanca, Santander, a más de 9 horas de distancia de Bogotá.

El Ejército aseguró que él murió en medio de un combate, pero luego la Justicia comprobó que los militares lo convencieron de ir hasta allá con falsas promesas de empleo y posteriormente, le dispararon por la espalda para presentarlo como guerrillero y obtener los beneficios que obtenían gracias a la Directiva 29 de 2005 del Ministerio de Defensa.

Desde que conoció que a su hermano lo habían matado, Cecilia comenzó a luchar junto con otras víctimas para que sus casos no quedaran en la impunidad. El colectivo que formaron se convirtió en el abanderado de la defensa ante este crimen, y es conocido como ‘las madres de Soacha’. Hoy esa organización se pronunció tras el comunicado de la JEP.

“Las viejitas cansonas (insoportables) como nos llaman teníamos razón. Y eso que por 6.000 pasaron hace rato. Tantas fosas comunes que llevan un mismo nombre: Álvaro Uribe Vélez”, publicó en su cuenta de Twitter la organización Madres Falsos Positivos de Colombia, de la que Cecilia hace parte.

Los departamentos donde hubo más ‘falsos positivos’

El dato que reveló la JEP hace parte del Auto 033 en el que su Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad explica cómo priorizará el caso para determinar la responsabilidad en los mayores crímenes de ‘falsos positivos’, pues al ser una entidad de Justicia transicional, no puede condenar a todos los responsables.

El Auto 033 explica además que en 29 de los 32 departamentos hubo ejecuciones extrajudiciales, pero que el 66 % de todas las víctimas se concentran en 10 de ellos. Por eso, la JEP comenzará su investigación en seis lugares: Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare, Meta y Antioquia –donde ocurrió un cuarto de todos los falsos positivos que hubo en el país entre 2002 y 2008-.

Esas regiones coinciden en gran medida con las que tiene en la mira la Corte Penal Internacional (CPI) en sus cinco casos potenciales de ‘falsos positivos’. Y es que este organismo judicial tiene abierta una investigación preliminar en Colombia, donde incluye ese tipo de crimen y el posible involucramiento de varios generales del Ejército.

Además, la JEP explicó que la manera en la que investigará el caso de ‘falsos positivos’ será de «abajo hacia arriba». En otras palabras, comenzará a indagar la posible responsabilidad de los autores materiales para luego escalar hasta los más altos comandantes. Así intentará darse cuenta de si fue una ejecución extrajudicial cometida por militares que se desviaron de su deber o si por el contrario hubo políticas que incentivaron estos crímenes.

EFE