La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada este lunes hasta el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde debe cumplir su detención preventiva mientras se realice la investigación por el caso denominado «golpe de Estado».
Áñez fue trasladada desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde estaba detenida desde el sábado en la madrugada, hasta la cárcel de Obrajes en una vagoneta con un fuerte resguardo policial.
Al llegar a la cárcel de mujeres la expresidenta saludó a los medios de comunicación y entró rápidamente resguardada por los policías.
La Justicia boliviana dictó el domingo detención preventiva para Áñez por cuatro meses en un penal en La Paz, al igual que para los dos exministros Álvaro Coímbra, de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, en el penal de San Pedro en La Paz.
Los tres están acusados de los delitos de «sedición, terrorismo y conspiración» en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
La Fiscalía boliviana había solicitado seis meses de detención preventiva para Áñez y los dos exministros por riesgo de fuga.
Áñez fue aprehendida en el departamento amazónico del Beni el sábado de madrugada, mientras que sus exministros fueron detenidos el viernes en la misma región. Luego fueron trasladados hasta La Paz y se acogieron al silencio en sus declaraciones informativas.
En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que Áñez está siendo juzgada como exsenadora y no como expresidenta.
El Ministerio de Justicia de Bolivia presentó este lunes ante la Fiscalía cuatro procesos de juicio de responsabilidades contra Áñez y sus exministros.
AISLADA Y «SIN PRIVILEGIOS»
El director general de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, manifestó a los medios que la exmandataria transitoria estará «bajo una constante inspección del personal de salud» por 15 días como estipula el protocolo de las cárceles del país ante la emergencia de la covid-19.
Luego Áñez será «sorteada» para que se le asigne uno de los 13 dormitorios comunes que hay para las 200 reclusas de ese centro penitenciario en la ciudad de La Paz.
«Ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro penitenciario», enfatizó Limpias durante su comparecencia ante los periodistas al ser consultado sobre la condición de la exmandataria.
Limpias recalcó que los dormitorios comunes cuentan con «todos los servicios básicos» que «pueda requerir en algún momento» y que, además, Áñez «tiene el derecho a la comunicación», por lo que podrá contactarse con sus abogados defensores y sus familiares.
Por la pandemia, las reclusas no pueden tener visitas como medida para evitar los contagios por la covid-19, pero sí pueden estar en contacto con sus familiares a través de llamadas, subrayó Limpias.
DOS EXMINISTROS ENCARCELADOS
Junto a Áñez, los exministros interinos de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán fueron enviados por cuatro meses al penal de San Pedro en La Paz y también estarán aislados por 15 días en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Después de ese tiempo, ambos pasarán a un sector común en cualquiera de las secciones que tiene la cárcel paceña, una de las más hacinadas del país.
«Un equipo multidisciplinario les asigna a una sección», indicó el director general de Régimen Penitenciario.
Además aseguró que se garantizará para los tres exfuncionarios que se cumpla el «debido proceso» y que asistan a todas sus audiencias.
El domingo tras una audiencia de más de nueve horas una juez determinó la detención preventiva por el caso denominado «golpe de Estado» para Áñez y sus exministros considerando el riesgo de fuga.
Sobre ellos pesan acusaciones por «terrorismo, sedición y conspiración» por la crisis política y social que atravesó el país en 2019 y que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales a la Presidencia.
El Ministerio de Justicia aclaró que Áñez está siendo procesada como exsenadora y no en su calidad de expresidenta transitoria, por lo que no ameritaría un juicio especial de responsabilidades.
Para este lunes se alistan marchas y cabildos en regiones como la oriental Santa Cruz para repudiar las aprehensiones que la oposición boliviana ha calificado de «persecución política», mientras que el oficialismo indicó que se está haciendo «justicia» y no es una venganza.
EFE