Walter Márquez: «también hay crímenes de guerra» en situación de La Victoria

Para el ex diputado nacional Walter Márquez lo que viene ocurriendo en la frontera de Apure con Colombia «no solamente son crímenes de lesa humanidad sino también crímenes de guerra».

La tajante aseveración la expuso a través de Radio Fe y Alegría Noticias este lunes 29 de marzo. Basa su análisis sobre los protocolos internacionales de 1949 que establecen que para que se cometan crímenes de guerra «tiene que haber un conflicto armado nacional o internacional o regional».

Para Márquez en este caso específico de La Victoria el conflicto es Regional porque tiene implicaciones geopolíticas entre Colombia y Venezuela. «Allí ha habido una confrontación entre las Fuerzas Armadas venezolanas, el grupo FAES (PNB) y grupos disidentes de las FARC que a su vez están enfrentados a lo que se llama la Nueva Marquetalia».

Grave lo de la violencia contra la población civil

Explicó que uno de los asuntos más graves es que esta situación «ha generado violencia contra la población civil que de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario debe estar al margen del conflicto. Hay sectores protegidos como las iglesias, ancianos, niños, pero se les han vulnerado sus derechos».

Con respecto al tema del desplazamiento forzoso de miles de personas hacia Arauquita, el también activista de derechos humanos refirió que «no solo es un tema social sino que también es un crimen de lesa humanidad, hubo, por ejemplo, templos que fueron allanados, el mismo sacerdote de La Victoria, por mayor seguridad, se fue a Arauquita».

Walter Márquez es reconocido por su papel importante en las investigaciones que se llevaron a cabo en la famosa masacre de El Amparo, también en Apure, el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados por funcionarios del Comando Específico José Antonio Páez, y fueron presentados como guerrilleros.

Pero al hacer la comparación con respecto a los sucesos de La Victoria, donde según su consideración también ha habido una masacre con la muerte de 5 personas, afirmó que esta situación es mucho más grave porque «también ha habido saqueos, y eso es un crimen de guerra y lo más grave es que no hubo suspensión de garantías, en pleno estado de derecho necesitaban una orden de allanamiento expedida por un tribunal civil o militar».

Un llamado a la comunidad internacional

Hizo un llamado a la comunidad internacional junto a la OEA y ONU a pronunciarse sobre este conflicto «para frenar esa escalada de violencia y evitar que se tienda a que sea normal porque esto tiene repercusiones binacionales».

Márquez denunció que «estamos en presencia de torturas, tratos inhumanos y degradantes, ha habido asesinatos y todo esto varias organizaciones lo venimos documentando para seguir en la ruta nacional e internacional en la búsqueda de la verdad para que se castigue a los culpables y se repare los daños causados a las víctimas».

Confesó que en esta realidad particular han surgido nuevos corresponsales de guerra «porque cualquier ciudadano de La Victoria y de Arauquita puede grabar con su celular y transmitir de inmediato, y es así cómo se ha enterado la comunidad internacional de lo que ha venido ocurriendo».

Señaló al Presidente de la República, como Jefe de Estado, al Ministro de la Defensa y al Jefe del Ceofanb, como los máximos responsables de estos presuntos delitos «por acción u omisión», a quienes conminó también ordenar una investigación de estos hechos.

Al final le recomendó a la población civil que está refugiada en territorio colombiano que maneje su retorno con mucha prudencia «hasta que no haya garantías por las autoridades venezolanas para regresar».

Por otro lado, recomendó al ACNUR, Consejo Noruego de Refugiados y gobierno de Colombia aplicar protocolos similares para proteger a estas personas en los refugios «aunque pareciera que la capacidad del gobierno colombiano ha sido rebasada y por eso mucha gente se ha ido a casas particulares».

Como tercera propuesta mencionó el propósito de todas las instituciones de evitar la escalada y extensión de la violencia «para que retorne la calma y así la gente pueda regresar porque la condición de refugiado es difícil».

En este último punto llamó a la OEA y a Naciones Unidas a intervenir «ya que este conflicto debe ser analizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la propia Secretaría General de la OEA ya que está afectando la relación binacional y especialmente a esa zona pacífica del Alto Apure».

Fe y Alegría Noticias