Todavía es demasiado temprano para emitir juicios de valor con respecto a los nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que sí parece importante es reconocer que el régimen, por alguna razón, en esta oportunidad se quedó con el “chopo montado”. En primer lugar, algunos de los nombres que más ruido generaron, al final permanecieron en el congelador. Del mismo modo, tampoco hizo uso el oficialismo de la relación porcentual con la que cuenta en el Parlamento. En este sentido vale destacar que el 93% de su fuerza legislativa, la dictadura sólo la proporcionó en un 60% a la hora de elegir a los Rectores.
En principio, aunque constitucionalmente es ilícito hasta decirlo, los sectores opositores disponen, de ahora en adelante, de dos votos de los cinco que están representados en el CNE. Se trata de dos venezolanos con suficiente conocimiento en asuntos electorales, así como que son dos compatriotas que se entienden mejor con la oposición en general, que con el régimen. Sin embargo, son dos ciudadanos respetuosos de la normativa constitucional, cuya ética estará siempre de por medio a la hora que sea necesario tomar decisiones. Con seguridad ellos serán dos buenos guardianes de los derechos inalienables que les asiste a los electores. Con ese fin están ahí, y se espera que así continúen.
También es cierto que ha sido tan descarado el comportamiento de los Rectores oficialistas que se mantuvieron durante años como árbitros electorales, que el factor confianza sigue siendo la muralla que se ha levantado para mantener separados y, en cierta forma enfrentados, a quienes votan sin importar cuál será el final de sus votos, y los que dejan de votar porque tienen la certeza de que su intención electoral es conculcada. Ese obstáculo, que en la práctica ha resultado insalvable en los últimos años, es el primer escollo a saltar por los nuevos Rectores del CNE.
En efecto, los cinco Rectores apenas son una mínima porción del gobierno electoral. Será necesario, por lo menos, que en el resto de la infraestructura electoral, que abarca la estructura institucional interna del organismo superior, las Juntas Electorales Regionales y Municipales, así como la burocracia administrativa pertinente, se mantenga la proporción 60/40.
Si en el Sistema Electoral Integral se violenta la proporcionalidad que está representada en el ente máximo, estaríamos frente a una farsa que, sin duda alguna, aumentaría la desconfianza de los electores. Por todo lo expuesto, está claro que la primera victoria que debería anotarse el nuevo CNE, es el rescate de la confianza; porque sin electores, el sufragio es un mito, mientras que la democracia sería una fantasía para ilusos, desprevenidos y enchufados de cualquier nivel superior o de base. ¡Se necesita confianza electoral ya!
Antonio Urdaneta Aguirre
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