La justicia y su espada. Por Jesús Rangel Rachadell
Salomón amenazó con dividir al niño que se le presentaba para ser entregado a una de las dos supuestas madres que lo reclamaban, partirlo por la mitad fue la orden, lo salvó el ruego de una de ellas. La espada es un instrumento y un símbolo de la justicia, con ella se hace valer las decisiones; aunque en Venezuela todo es espada y violencia, es necesario algo de equilibrio y equidad. Justo lo que le falta al Estado venezolano.
Por esa falta de independencia, en la próxima ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, a efectuarse el 24 de septiembre de 2021 en México, las partes acordaron tratar el punto del “Respeto del Estado Constitucional de Derecho”. Tan grave está el Poder Judicial que es necesario hablar de él, del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que lo representa, y los demás tribunales del país.
La concepción que tiene el chavismo sobre ese poder es que es fundamental para el control del Estado y sus instituciones, por el que se definen las democracias, es imposible que el árbitro de los conflictos se alinee con el gobierno para asegurar que las decisiones de los jueces sean las del dictador. Los culpables de lo que sea son los enemigos políticos y económicos, y así lo declaran sin procedimiento previo o derecho a la defensa, por ejemplo, la jueza Afiuni.
Los regímenes autoritarios son indiferentes ante la justicia, resolver los conflictos o que haya confianza en las instituciones. Mantenerse en el poder es su objetivo, así tengan que sacrificar su imagen internacional por garantizar la impunidad a sus acólitos, y la inmunidad absoluta a los militares por cualquier delito cometido en defensa de la revolución.
En El Salvador, Bukele, en mayo de este año se graduó de aprendiz de dictador. Destituyó a los jueces de la Sala Constitucional de ese país y luego al Fiscal General. Esto lo logró gracias a la mayoría que tiene en la Asamblea de ese país. Ahora, los magistrados le devuelven el favor declarando que, aunque la Constitución lo prohíbe, puede presentarse a la reelección. Esta es la misma estrategia de Evo Morales en Bolivia en 2017, cuando lo habilitaron para postularse en contra de lo establecido en la Constitución. La trampa es transparente, primero toman el poder legislativo, a continuación, el judicial y eso allana el control de toda la sociedad.
A los anteriores casos le pueden sumar las actuaciones de los presidentes de Nicaragua, México o Venezuela, quienes dictan leyes o alteran las existentes para manipular al poder judicial de sus respectivos países. Al igual que en Polonia, Hungría o España, todos estos movimientos buscan socavar la independencia de los jueces. Estas políticas han servido en Latinoamérica para reprimir y castigar a los opositores y a todo el que proteste. Aquí aplican la denominada ley del odio como comodín, sirve para cualquier situación. Por cierto, falta sancionar a los responsables por las matanzas de jóvenes en nuestro país en 2017. Los presos políticos entran y salen de las cárceles y centros de reclusión de los cuerpos de seguridad sin decisiones previas o posteriores, una simple orden es suficiente para que acaben con sus huesos en un lugar deprimente o, en el peor de los casos, los asesinan y luego alegan suicidio.
La excusa que recientemente les permitió controlar el poder judicial en Polonia y en El Salvador fue la pandemia. Extraña coincidencia, porque tienen presidentes autoritarios. En Venezuela, Chávez controló el TSJ desde la constituyente de 1999, cuando cambiaron a los magistrados en las vacaciones de ese diciembre; y Nicolás aseguró la sumisión absoluta en 2015, después de perder las elecciones de la Asamblea Nacional. Con este control declararon que los diputados, quienes adquieren inmunidad con su proclamación, podían ser suspendidos del mandato otorgado por los electores mediante una medida cautelar, sin procedimiento previo que garantizara su derecho a la defensa. Realismo mágico revolucionario del socialismo del siglo XXI.
Aunque a la Sala Electoral del TSJ le corresponde conocer las acciones que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral, excluyendo a cualquier otro tribunal, el Consejo Nacional Electoral suspendió la recolección de firmas del referéndum revocatorio a Nicolás en 2016. La excusa fue que unos tribunales penales, sin competencia en materia electoral, suspendieron el proceso en algunos estados. La Sala Electoral siempre dicta decisiones favorables al gobierno y al PSUV; nunca decidió el caso de los diputados electos en 2015, y tengan por seguro que el anunciado revocatorio también será anulado en el supuesto que el régimen le permita al CNE que lo admita.
Poco podrá avanzar la confianza en la resolución de los conflictos en nuestro país mientras no se resuelva la independencia del poder judicial. Los negociadores podrían alcanzar unos buenos acuerdos en la negociación en México, pero los mejores propósitos se estrellarán contra el brazo ejecutor del gobierno, el cual está armado con una espada para cortar las intenciones de institucionalizar a Venezuela.
Airear las impresentables sentencias dictadas para favorecer al chavismo, los mecanismos de dominación implementados con sus decisiones y la persecución de inocentes que se han exiliado antes de someterse a las humillaciones de esta dictadura, será un triunfo del diálogo. Sin embargo, con todo lo doloroso que pueda ser, el hecho de que el gobierno acepte conversar sobre la podredumbre del poder judicial venezolano es un gran avance.
Jesús Rangel Rachadell
@rangelrachadell