El primer juicio en contra de la autoproclamada expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, comenzará este jueves en medio de una amplia expectativa política, ya que se le imputan delitos por los cuales la Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 10 años.
Se trata del juicio bautizado en el país sudamericano como ‘Golpe de Estado II’, y en el que la exsenadora es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que el expresidente Evo Morales fuera obligado a dimitir.
Entre las múltiples anomalías citadas por la Fiscalía, destaca el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.
Durante el juiciotambién se analizará la participación de políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que organizaron una sucesión presidencial irregular.
Por eso, junto con Áñez serán juzgados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes Pastor Mendieta (Ejército), Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas).
A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez se autoproclamó como presa política y exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.
Áñez ha desacreditado de manera directa las investigaciones. Sin reconocer jamás el golpe de Estado, insistió en que solo se pretende «borrar la historia» del «fraude» de Morales para llevar a cabo un «juicio ilegal» en contra de «defensores de la democracia, de la justicia y de la libertad».
Por otra parte, 21 expresidentes de derecha de América Latina y España reiteraron su apoyo a Áñez al considerar que su detención es arbitraria.
«La expresidenta tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva», señalaron en una misiva que está firmada, entre otros, por los expresidentes Mauricio Macri (Argentina); Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), José María Aznar (España); y Vicente Fox y Felipe Calderón (México).
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