Desde antes de la instalación de la primera pista, las Fuerzas Armadas han tomado el mando del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Esta es la primera vez que una central aérea de naturaleza civil es operada por los militares. Tanto la administración comercial como las operaciones aéreas estarán controladas por el Ejército a través de la empresa paraestatal que lleva el nombre de un general recordado en la historia por nunca traicionar a Francisco I. Madero.
Alineada con los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V. tiene el objetivo de operar y administrar la paraestatal “con apego a los más altos niveles de valores y normativas establecidas por la Administración Pública Federal”, según define en su programa institucional, publicado en noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación. Dos años atrás, en febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó la obra y su operación al Ejército, tras la cancelación del proyecto iniciado por el Gobierno anterior en Texcoco.
El primer desafío que han sorteado los militares en esta encomienda histórica ha sido la construcción. López Obrador les encargó tener la primera fase lista para este 21 de marzo, cuando se conmemora el nacimiento del expresidente Benito Juárez. En menos de tres años, más de 140.000 civiles han sido contratados para levantar el aeródromo, bajo el mando de 380 militares. Según el último reporte de la Sedena, siete trabajadores han muerto por accidentes relacionados con las obras.
En su primera fase, el AIFA tendrá una capacidad para atender una demanda de 19,5 millones de pasajeros y 470 mil toneladas de carga aérea anuales, detalla el plan. Su visión a largo plazo es constituirse “en un paradigma nacional e internacional de seguridad, eficiencia, eficacia, sustentabilidad y rentabilidad”, indica. “Para el año 2036, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será una entidad consolidada en materia de calidad total para la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales”, señala.
El plan del Ejército va más allá del 2024, cuando finaliza el sexenio del Gobierno actual. “Cuando alcance su última fase de construcción proyectada para el año 2050, este aeropuerto moverá a 85 millones de pasajeros y 3 millones de toneladas de carga aérea anuales”, indica. “Todo este proyecto, en su conjunto con las nuevas instalaciones de la Base Aérea Militar, servirá como infraestructura de apoyo y despliegue para casos de desastres naturales en todo el territorio nacional y arribo de ayuda humanitaria internacional”, señala el documento.
Otro de los retos a superar será la operación aérea. En el mundo existen tanto aeropuertos civiles como militares, pero muy pocos con ambas características. Solo cuando ha habido conflictos o desastres naturales, las fuerzas armadas han tomado el control de los aeropuertos civiles. En este caso, los militares marcarán el paso sobre un nuevo tipo de administración comercial.
La paraestatal fue adjudicada al Ejército a través de un título de concesión entregado en agosto pasado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Sedena. “Se autoriza la constitución de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, cuya organización y funcionamiento será el de una Sociedad Anónima de Capital Variable”, detalla la SCT en la resolución que de paso a la empresa, publicada en el DOF.
La Sedena es la accionista mayoritaria de la empresa con 99 acciones y el Banco del Ejército, la minoritaria, con una. La entidad funciona en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. “La parte variable del capital social será ilimitada, y la parte mínima, sin derecho a retiro, será de un millón de pesos y estará representada por 100 acciones nominativas, cuyo valor nominal será de 10.000 pesos por acción”, indica la concesión. Será hasta 2026 cuando la empresa sea rentable, según ha informado el Ejército. Para ello, requiere realizar 120 operaciones diarias, que equivalen a 5 millones de pasajeros al año.
Fuente: El País