El abogado especializado en derecho Administrativo y Constitucional, José Ignacio Hernández, aseguró que la compañía norteamericana Chevron «no puede recibir una licencia para asumir operaciones de producción y exportación en Venezuela, simplemente, pues la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y los términos y condiciones de las empresas mixtas, lo prohíben».
«Hace falta un nuevo marco jurídico que permita a Chevron asumir esas actividades, y que, además, garantice sus derechos económicos, visto el elevado riesgo expropiatorio que existe en Venezuela», sumó.
Expresó que la política de sanciones hacia la nación caribeña debe ser consistente con las políticas anticorrupción, «que requieren estándares de transparencia. Además, la renegociación de la deuda entre PDVSA y Chevron debe cumplir con estándares mínimos de transparencia, lo que pasa por el correspondiente control parlamentario en el marco del Artículo 187.3 de la Constitución».
El especialista sostuvo que la ampliación de las operaciones de Chevron beneficiará a la empresa y, de manera directa e indirecta, al Gobierno de Nicolás Maduro, pero «es necesario implementar reglas que aseguren que cualquier ingreso fiscal sea administrado de acuerdo con estándares humanitarios».
«La deuda externa de PDVSA puede estimarse en aproximadamente 72.000 millones de dólares, lo que ha dado lugar a decenas de juicios y arbitrajes, incluyendo las reclamaciones de empresas como ConocoPhillips y Exxon, que fueron ilegítimamente expropiadas bajo el Gobierno de (Hugo) Chávez», explicó.
Igualmente, precisó en un artículo de opinión publicado en La Gran Aldea que la estatal venezolana PDVSA «debería asegurar un trato equitativo a todos los acreedores».
Con información de Banca y Negocios