«Gran Corrupción» e impunidad continuada en Venezuela
El 31 de enero de este año, la oenegé Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022. En este nuevo informe, con un índice de 17/100, Venezuela es percibida como el país más corrupto en América Latina por noveno año consecutivo, y como uno de los cinco países más corruptos del mundo por quinto año consecutivo.
Los escandalosos niveles de corrupción continuada en Venezuela y el desfalco sin precedentes de su patrimonio público, ocurrido durante las dos últimas décadas, encajan «en los parámetros de la Gran Corrupción (Grand Corruption), por las enormes cantidades de dinero involucradas, la participación de funcionarios de altos cargos, su extensión a otros países y el enorme impacto sobre la población», según lo señala la investigación colaborativa El Corruptómetro, que viene siendo adelantada desde el 2020 por las organizaciones como Transparencia Venezuela, Alianza Rebelde Investiga y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.
Esta investigación colaborativa -con base en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera de Venezuela- ha logrado detectar 316 tramas de apropiación indebida del patrimonio público venezolano o de participación de altos funcionarios y sus allegados en el crimen organizado. Hasta diciembre de 2021, los autores de la investigación sólo habían podido calcular el monto de dinero comprometido en el 45% de los casos de corrupción detectados, el cual alcanza aproximadamente la astronómica cifra de 68 mil millones de dólares.
Junto con las enormes cantidades de dinero involucradas en estas actividades delictivas, otros dos elementos característicos de los fenómenos de «Gran Corrupción» es que en ellos se da la participación de funcionarios de altos cargos y su extensión a otros países. En el caso específico de Venezuela, de acuerdo con el informe «Los engranajes del capitalismo bolivariano en el Mundo» elaborado por la iniciativa periodística ChavismoInc., para el año 2020, «Fuera de Venezuela, 21 países habían abierto al menos 86 investigaciones por corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En 52 de las 86 investigaciones se le sigue la pista a más de 30 mil millones de dólares que estarían relacionados con operaciones de lavado de activos». Aunado a ello, de acuerdo con la base de datos del Corruptómetro, actualmente pesan sanciones internacionales de tipo personal por actos de corrupción sobre 116 venezolanos. Dentro de este grupo no solo se encuentra Nicolás Maduro, sino también varios ministros, jueces, gobernadores, militares de alto rango y diputados.
Finalmente, la caracterización de cierre para verificar la existencia de una «Gran Corrupción» en un determinado país es el enorme impacto que esta perversión produce sobre las condiciones de vida de la población. A este respecto, el informe de la organización WOLA «Emergencia Humanitaria Compleja» (2020), elaborado por Cartaya, Reyna y Ramsey, señala a la corrupción generalizada de Venezuela como la responsable directa de la Emergencia Humanitaria Compleja que ha sufrido el país desde hace más de una década: «El desvío irregular de ingentes recursos y una corrupción generalizada está en la raíz de este proceso de destrucción que contribuyó a la violación sistemática de los derechos humanos de millones de venezolanos y dio origen a la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) sin precedentes que sufre Venezuela, y a una masiva migración en un país que siempre fue receptor de migrantes».
Por otra parte, hoy en día existe suficiente evidencia empírica para confirmar que la corrupción alta y creciente tiene como efecto el aumento de la desigualdad de ingresos y la pobreza en los países. En el caso específico de Venezuela, es fácil constatar cómo el creciente aumento de los índices de corrupción gubernamental durante la última década ha coincidido con el aumento sostenido de la pobreza y la desigualdad en el país. En estos momentos, Venezuela no sólo tiene los peores índices de corrupción de América Latina, sino que, además es el país más desigual de la región, con una pobreza por ingresos que alcanza al 81,5% de su población, según se reporta en la «Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)», publicada en el 2022 por la Universidad Católica Andrés Bello.
¿Qué factores han permitido esta «Gran Corrupción” en Venezuela?
Como correlato de sus altos índices de corrupción, el país también ha obtenido pésimos resultados en los reportes del «Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción» (CCC). Este índice, elaborado desde el 2019 por Americas Society-Council of the Americas, junto con la consultora internacional especializada en riesgos Control Risks, evalúa y clasifica a 15 países latinoamericanos en función a la eficacia con la cual se combate en ellos a la corrupción. De acuerdo con los datos de 2022 del índice CCC, Venezuela, con un puntaje de 1,63/10, se mantiene por cuarto año consecutivo como el país de este grupo latinoamericano donde existe la mayor impunidad, es decir, el país donde existen las menores probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados.
La incapacidad de Venezuela para detectar, castigar y prevenir la corrupción está asociada con diversos factores, dentro de los cuales destacan la falta de independencia judicial y la poca transparencia gubernamental.
Un Poder Judicial apéndice de la Presidencia
El factor principal que en Venezuela ha facilitado a los altos funcionarios públicos cometer de manera impune actos de corrupción ha sido el desmontaje del sistema de control y rendición de cuenta de la administración pública. Esta situación ha sido propiciada de manera especial por la pérdida de la independencia del Poder Judicial venezolano.
La serie anual de datos del «Proyecto V» demuestran que en Venezuela, durante las dos últimas décadas, se ha producido una pronunciada caída de los índices de autonomía del Poder Judicial, pasando de 2,16/4 en el año 1998, a 0,23/4 en el 2021. En la misma dirección apunta el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2022, el cual le otorga a Venezuela para el año 2022 una puntuación de 0.26/1, ubicándola en el último lugar de un ranking de 140 países.
La ausencia de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha sido confirmada, además, por numerosos informes de organizaciones nacionales e internacionales de protección de DDHH. En su informe 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señalaba las causas por las cuales en Venezuela el Poder Judicial había perdido su autonomía: «La independencia del sistema de justicia se ha visto socavada considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias, y la interferencia política». Esta situación, lejos de mejorar, se ha venido agravando de manera pronunciada. En 2022, la Asamblea Nacional chavista, electa en 2020, designó un Tribunal Supremo de Justicia mucho más afecto al gobierno. Este TSJ durante ese año a su vez nombró 624 jueces, todos ellos con carácter provisorio, a pesar de que, en reiteradas oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que «un alto porcentaje de jueces provisionales (…) incide en forma negativa sobre el derecho del magistrado a la estabilidad en el cargo como garantía de independencia y autonomía en la judicatura».
Opacidad como forma de gobernar
Un segundo factor que otorga a los altos funcionarios públicos venezolanos un elevado nivel de impunidad para abusar de su poder, dilapidar los fondos públicos y cometer actos de corrupción es la falta de transparencia gubernamental.
En Venezuela, la opacidad como política de gobierno fue instaurada por Hugo Chávez a principios del 2005, con el ocultamiento de las cifras de violencia y, en especial, aquellas referidas al aumento del número de homicidios ocurridos en el año anterior. Con el paso del tiempo, está política de opacidad se fue extendiendo a otros ámbitos del gobierno chavista, siendo luego continuada y profundizada por su sucesor, Nicolás Maduro, tal como lo reporta el informe «Opacidad en Venezuela: una forma de gobernar», publicado en noviembre de 2022 por la oenegé Transparencia Venezuela y el portal EsPaja.
De acuerdo con esta investigación, dentro del grupo de datos e informaciones más relevantes que el Estado Venezolano ha dejado de producir o de publicar están los siguientes: las Memorias y Cuentas Anuales de los ministerios del gobierno nacional, las cuales no se divulgan desde el 2015; los informes de gestión anual de Petróleos de Venezuela, los cuales no se presentan desde el 2017; el precio promedio de la cesta petrolera venezolana, el cual no se reporta desde 2020; el índice de remuneraciones de los asalariados (IRE) y el indicador de escasez y el índice de diversidad de productos, los cuales no se publican desde el 2013; la variación de precios de bienes y servicios, que dejó de publicarse de manera regular a finales de 2013; los boletines epidemiológicos, los que no se publican desde el 2016; el Anuario de Mortalidad, que no se publica desde el año 2017. La última actualización de los datos de pobreza y fuerza laboral fue en el 2018. En Venezuela no se publican estadísticas oficiales sobre los movimientos migratorios. El último censo poblacional que se realizó en el país fue el del 2011.
Adicionalmente, esta política de opacidad gubernamental, favorable a la impunidad y a la corrupción, ha sido reforzada con normas como la «Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos», sancionada en 2020 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Según la oenegé Espacio Público, esta ley «pretende derogar los principios constitucionales de transparencia, probidad y rendición de cuentas, legalidad, autonomía, inmunidad y separación de poderes, incluyendo el de independencia judicial, y diluir el Estado democrático de Derecho en el presidente de la República bajo la excusa de hacer frente a las sanciones económicas internacionales».
Sin independencia del Poder Judicial y sin transparencia gubernamental será muy difícil revertir la incapacidad del país para para detectar, castigar y prevenir la «Gran Corrupción” que está acabando con el futuro de los venezolanos.
Con información de DW – US LATM