La juez de «Caranjuez» aplaza hasta mayo las declaraciones de exfuncionarios venezolanos en el caso de extorsión policial
La juez que investiga el denominado caso «Caranjuez» aplazó hasta mayo las declaraciones en calidad de testigos al exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Villalobos y a la extesorera del gobierno bolivariano y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; todo ello, en el marco de la causa en la que se investiga a la presunta red de policías y abogados españoles que habría estafado y/o extorsionado a excargos del Ejecutivo venezolano –algunos de ellos investigados en la Audiencia Nacional de España por delitos de blanqueo– a cambio de dinero e información de Podemos.
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid modificó las fechas de las testificales que tenía previstas para el 20 de abril, a las 10.45 horas. Según precisó, quienes estaban citados para ese día se repartirán entre el 3 y 18 de mayo y el 14 de junio: es decir, Villalobos y Díaz Guillén, así como Adrián Velásquez, un militar que estuvo designado a la casa presidencial venezolana; Rafael Reiter, un exjefe de Seguridad de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa); y Hugo Ramalho, un financiero portugués.
Ya en la providencia inicial, cuando la juez accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamarles a comparecer, la instructora apuntó que todos podrían «declarar por videoconferencia si estuvieran fuera de España», como es el caso de algunos. Estos excargos del gobierno venezolano, al ser citados por testigos, tendrán la obligación de comparecer ante la juez y responder con la verdad, sin poder evitar las preguntas de ninguna de las partes que están personadas en el procedimiento.
En este sentido, cabe recordar que Villalobos y Reiter han sido investigados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales, mientras que Díaz Guillén y Velásquez han sido reclamados por las autoridades de Estados Unidos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
En el caso de Villalobos, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, archivó la investigación que llevaba a cabo en su contra por presunto blanqueo en relación con el ingreso de unos fondos a favor de él y su mujer en la entidad española Banco de Madrid.
Al margen de esta ronda de declaraciones, la juez del «caso Caranjuez» ya había fijado para el próximo 18 de mayo el interrogatorio, en calidad de testigos, de dos agentes de la Policía Nacional de España.
La titular del juzgado tiene pendiente celebrar estos interrogatorios después de que el pasado octubre escuchara a una decena de imputados, entre abogados, agentes nacionales y municipales. En septiembre, también tomó declaración a los presuntos perjudicados por la red policial que se investiga.
La investigación
Todos estos interrogatorios se enmarcan en el procedimiento en el que –según los informes policiales a los que tuvo acceso esta agencia– una presunta red de abogados y policías se habría aproximado a varios venezolanos que estaban presuntamente relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos» para solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas «influencias», los miembros de la red también habrían estado «interesados» en que se les proporcionase «información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones», según un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción redactado en 2020.
Dicho informe, además, sostiene que la red que se investiga ahora en los Juzgados de Plaza de Castilla está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar; y habría recibido «millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas».
Sin embargo, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el pasado 6 de octubre los presuntos miembros de la red negaron haber ofrecido a excargos del Gobierno de Venezuela servicios e «influencias» en la Administración a cambio de dinero e información de Podemos; negaron también haber pedido o cobrado dinero de los presuntos perjudicados o haberles amenazado.
Las versiones de todos los investigados se oponen frontalmente a la de los presuntos perjudicados, que ratificaron en sede judicial haber sido extorsionados, de acuerdo a fuentes presentes en las declaraciones.
Hasta ahora, en la causa figuran tres presuntos perjudicados: exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, un asesor financiero llamado Dimas Antúnez y un exmiembro del servicio de Inteligencia de venezolano de nombre Carlos Aguilera.
En el marco de la investigación, la juez acordó también la imputación de una treintena de empresas en calidad de personas jurídicas. En este caso, aún no ha establecido cuándo se llevarán a cabo los interrogatorios a los representantes legales de las compañías investigadas.
Con información de El Nacional