El Gobierno nacional ha optado por asumir la situación del pueblo yukpa “como un asunto de orden público, policial y militar”. Así lo aseveró ante Versión Final el asesor legal de los indígenas que hacen vida en la Sierra de Perijá, Serbio Zambrano.
«Después de esas brutales agresiones (ocurridas el pasado 15 de junio en el Puente sobre el Lago), sus caciques y los afectados procedieron a realizar las denuncias ante las oficinas del Ministerio Público con sede en Maracaibo (…) No obstante, eso no ha impedido que las autoridades naturales de los yukpas, sus caciques, insistan en llamar al Gobierno a conversaciones, que hasta por lo menos el 5 de julio del año en curso no se han celebrado”, afirmó Zambrano.
Esa actitud del Gobierno resulta peligrosa, por cuanto está asumiendo el problema yukpa como un asunto de orden público y policial. Y militar. Hay que agregar (…) que el estado mayor (el solo nombre lo sugiere) creado por el Gobierno lo dirige un general activo”, indicó.
Según Zambrano, esa misión policial y militar obvia lo sustantivo del problema, en referencia a “la dimensión social y antropológica” del caso, “y se enfoca en ladimensión represiva, que tan dolorosos, crueles y tristes antecedentes ha tenido en América Latina, en especial en su cono sur”.
«Esa visión policial, militar y represiva obvia los gravísimos problemas de salud, alimentación y de falta de vías de penetración agrícola de que adolecen los yukpas, entre otros muchos problemas históricos. Esa peligrosa visión de Estado no se corresponde con los indiscutibles avances que en materia de reconocimiento formal de los derechos indígenas recogió la Constitución Bolivariana y su derivada Ley de pueblos indígenas”, esbozó el profesional del Derecho.
Destacó que representantes de la administración central han acudido a varias comunidades de ese grupo étnico, “ofreciendo algunas bolsas de comida y comprando a algunos yukpas parte de la artesanía, a un precio fijado por una de las partes involucradas, el gobierno”, y dio a entender que esa negociación se efectuó de manera “unilateral”.
Además, el asesor legal de los yukpas exhortó al Ejecutivo nacional a “respetar la Constitución Nacional”, al aludir el artículo 119, sobre el reconocimiento, por parte del Estado, de los pueblos indígenas; también instó a acatar la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, referente al artículo 69, sobre los derechos de los indígenas “a conservar, desarrollar y actualizar su organización social y política propia, sea esta comunal, municipal, estadal, regional o nacional”.
Asimismo, hace un llamado al Gobierno para que observe el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del derecho que tienen a “promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos (…)”.
Días atrás, una representación yukpa denunció haber estadoacosada por funcionarios policiales en Caracas, a donde acudió para conversar con la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, con el resultado explicado más arriba por el abogado.
Otros caciques yukpas no pudieron ir a la capital, al parecer por instrucciones de autoridades militares, que les prohibieron la salida del estado Zulia, inclusive los amenazaron con detenerlos si optaban por viajar fuera de esta entidad.
Con información de Versión Final.