Si comparamos las agresiones sufridas por la autonomía universitaria en Venezuela a lo largo de su historia con las de los últimos 10 años, podemos ver que en esta última década la academia venezolana ha sido víctima de un plan inédito de desaparición institucional.
Presupuestos que apenas cubren entre un 1 % y un 20 % de lo solicitado, sueldos de miseria, instalaciones vandalizadas y deterioradas, laboratorios cerrados, beneficios estudiantiles insuficientes (comedor, transporte, becas) y, en algunos casos, instalaciones físicas atacadas y destruidas como en el caso de la Universidad de Oriente o de la Universidad del Zulia (LUZ), son las secuelas de una política diseñada para arrinconar a unas instituciones que se han negado a perder su independencia política y administrativa.
Sin profesores, sin alumnos, sin investigación
Este deterioro inducido ha traído consecuencias nefastas para la educación superior en Venezuela. Una de ellas es la diáspora profesoral: no se trata tanto de una fuga como de una expulsión de cerebros.
Se calcula que en 2022, unos 3 500 docentes habían abandonado o renunciado a sus cargos para atender ofertas de universidades latinoamericanas y de otras partes del mundo. Esta cifra equivale al cierre de una universidad como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA) o la LUZ.
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Con información de La Patilla