El empresario y residente en Estados Unidos Joel Sánchez volvió a El Salvador, de donde migró cuando tenía 19 años, para competir por la Presidencia de la mano de la debilitada Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), que gobernó el país por 20 años.
Sánchez, de 55 años y originario del municipio de Cojutepeque (este), fue proclamado candidato presidencial en julio de 2023 y eligió a la empresaria Hilcia Bonilla, también residente en EE.UU., como su compañera de fórmula para la contienda, donde el favorito es el presidente y candidato a la reelección inmediata, Nayib Bukele.
Además de enfrentar la gran popularidad de Bukele, a quien las encuestas ponen a la cabeza con una ventaja arrolladora, Sánchez ha cargado con el legado de los escándalos de corrupción de los expresidentes ‘areneros’.
El empresario figura en el tercer lugar con entre 2 % y 3 % en la intención de votos, según diversas encuestas, por debajo del candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores, y de Bukele, del oficialista Nuevas Ideas (NI).
Esta previsión es más desfavorable para Arena de lo que logró en los comicios presidenciales de 2019, donde se ubicó en el segundo puesto.
Al igual que Flores, Sánchez tiene mínimas posibilidades de hacerse de la Presidencia, pero asegura que vale la pena competir porque «el amor a mi pueblo, la conciencia social y mi compromiso patriótico me pone hoy en día en la historia de este país».
Sánchez es consciente que sobre su partido pesan señalamientos de corrupción y que actualmente se ha convertido en una oposición con muy poca incidencia en la vida política del país.
«No desmayamos en nuestro esfuerzo por lograr la Presidencia este 4 de febrero», dijo en una conversación con EFE.
Arena estuvo en el Ejecutivo por 20 años (1989-2009) y también dominó la Asamblea Legislativa, pero los casos de corrupción de los expresidentes Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009), socavaron su imagen.
Flores falleció en 2016 poco antes de enfrentar un juicio por el supuesto desvió de un donativo millonario de Taiwán y Saca purga una condena por la malversación de más de 300 millones de dólares, cargos que confesó en un juicio abreviado.
«Arena me abrió las puertas para tener esta oportunidad de servir a mi pueblo y lo tomo con mucho beneplácito, con mucho respeto (…) a los dirigentes en su momento que fueron corruptos e infringieron la ley, debe caer el peso de la justicia pero todo bajo un debido proceso», señaló.
Sánchez, cuyas empresas en EE.UU., México y El Salvador están dedicas al área de servicios, dijo que su candidatura viene desde la sociedad civil y que buscó a Arena como vehículo electoral, porque «la ley requiere participar con un partido político».
«En mi caso, vengo de la sociedad civil, soy un candidato que jamás ha participado en política, no tengo pasado político, mis manos están limpias, no tengo manchas», aseguró.
Señaló que ahora el partido de derecha se está renovando «con caras nuevas» y «eso es lo importante», dijo.
El candidato dijo que sus planes están encaminados en generar oportunidades y empleos, atraer la inversión privada, bajar los altos precios de la canasta básica alimentaria y brindar apoyo a las micro y pequeñas empresas.
«Nuestra gobierno tomará políticas serias en materia de economía, de seguridad jurídica y en materia monetaria», apuntó.
Indicó que también buscaría establecer una política permanente de seguridad que no «quite derechos civiles a los ciudadanos» y consideró que el régimen de excepción, una polémica medida implementada por el Gobierno de Bukele para combatir a las pandillas, ha dejado a «muchos inocentes en las cárceles».
«Tengo el conocimiento. Sé lo que mi pueblo necesita, he estado en la vida económica de este país por varios años y eso me pone a mí dentro de un aspecto de conciencia, en un momento histórico cuando nuestro país se ve amenazado, nuestra democracia se ve amenazada», añadió.
Sobre la polémica candidatura de Bukele, Sánchez opinó que es ilegal y que es «un caprichoso» porque «no solo se antepone a la Constitución, sino que también ocupa todos los recursos del Estado, de los salvadoreños para realizar su propia campaña política».
Con información de EFE