El líder político César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de cometer el delito de desaparición forzada de personas, al negarse a informar sobre el paradero de tres colaboradores de Vente Venezuela detenidos el pasado 23 de enero.
Según Pérez Vivas, la negativa del gobierno a informar y permitir el acceso a los dirigentes Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López encuadra en el supuesto de hecho del artículo 180-A del Código Penal: “Toda autoridad pública, sea civil o militar que detenga a alguna persona…y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años”. Ese delito no prescribe.
La detención de Freites, Camacaro y Lopez se produjo luego de que participaran en una manifestación pacífica en apoyo a la candidatura de María Corina Machado, quien fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia para postularse a las elecciones presidenciales de 2024.
La declaración de Pérez Vivas se suma a la de otros dirigentes opositores que han condenado la detención y la desaparición de los tres activistas, así como la de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida el pasado sábado 10 de febrero por su supuesta vinculación con una conspiración contra el Gobierno.
La oposición venezolana ha rechazado las acusaciones del chavismo y ha señalado que se trata de una estrategia para desviar la atención de la crisis económica, social y política que vive el país, y para impedir que haya una alternativa democrática en las próximas elecciones.
Con información de Noticiero Digital