Colombia enfrenta un posible “desabastecimiento energético inminente” como resultado de la decisión gubernamental de suspender nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos, según un estudio de la Contraloría General, que supervisa las finanzas públicas. Este informe fue enviado al Ministerio de Minas y señala que hay “riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos” debido a la reducción de opciones de producción energética.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, quien lidera una administración de izquierda, detuvo a finales de 2023 la firma de concesiones para explorar petróleo, carbón y gas. La intención es que la estatal Ecopetrol transite hacia una empresa enfocada en energías renovables, como parte de su estrategia de transición energética.
El contralor delegado, Germán Castro, indicó que Colombia produce cerca de 245 GWh diarios de energía eléctrica, mientras que la demanda puede alcanzar hasta 240 GWh, señalando la “estrechez” en el suministro. Afirmó que hay gas disponible solo para el resto del año, pero que el próximo año podrían presentarse problemas si hay fallas en la infraestructura o un aumento en la demanda.
La Contraloría advierte que esta decisión gubernamental limitará los ingresos por impuestos y regalías, estimando una pérdida de alrededor de 2 mil millones de dólares anuales, esenciales para financiar inversiones sociales. También se mencionan riesgos para el PIB debido a la falta de inversión extranjera y el aumento de precios de combustibles si se requiere importación.
Finalmente, el estudio sugiere la posibilidad de “futuros racionamientos” en un contexto donde el país se recupera de una severa sequía. Esto se produce poco después de que Petrobras anunciara un importante hallazgo de gas natural en el Caribe colombiano.
DCN/Agencias