Aspectos esenciales de la legislación que pretende inhabilitar permanentemente a quienes solicitan sanciones económicas
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó el 21 de noviembre la discusión de una ley orgánica orientada a inhabilitar políticamente a quienes soliciten sanciones económicas contra Venezuela por parte de otros países. Este proyecto, denominado “Ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, fue respaldado de manera unánime durante la sesión presidida por Jorge Rodríguez, quien subrayó que la inhabilitación será eterna.
Rodríguez anunció que la ley será sancionada en la próxima semana, como respuesta a una normativa reciente del Congreso estadounidense que prohíbe a las instituciones federales contratar a personas o empresas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.
La ley consta de 18 artículos y se fundamenta en el «legado de dignidad patriótica y antiimperialista» de Simón Bolívar, según el diputado Carlos Mogollón. Su propósito es sancionar a individuos y entidades que coludan con gobiernos o grupos considerados «terroristas» para solicitar sanciones en contra de Venezuela y la confiscación de activos que afecten el desarrollo del país.
La diputada Iris Varela planteó la anulación de documentos de identificación de aquellos sujetos a la inhabilitación, aunque no se les quitaría la nacionalidad. Además, el proyecto establece que las personas procesadas por los delitos definidos, que elijan no someterse a juicio, podrán ser defendidas por un abogado público y juzgadas en ausencia.
Desde la Asamblea Nacional, se ha presentado este proyecto como parte de una estrategia para contrarrestar el bloqueo y proteger la soberanía nacional frente a lo que consideran injerencias de Estados Unidos y la oposición local.
DCN/Agencias