Los días 16 y 17 de noviembre se materializaron las excarcelaciones de más de 160 presos políticos, según cifras del Foro Penal, quienes habían sido detenidos tras las protestas desatadas por las elecciones del 28 de julio. La decisión se tomó después de que Nicolás Maduro solicitara al Ministerio Público el 11 de noviembre revisar los casos en cuestión.
Antes de esta solicitud, una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) visitó Venezuela, brindando asistencia al sistema de justicia y conversando con familiares de los detenidos. Durante casi tres meses, la administración de Maduro había catalogado a estos detenidos como «terroristas», enjuiciándolos y sentenciándolos.
En un sondeo realizado del 20 al 22 de noviembre, se preguntó a los lectores si consideraban que estas excarcelaciones estaban vinculadas a la visita de la CPI. La mayoría, con 845 votos, atribuyó la medida a la intervención del organismo internacional. Otras opciones incluyeron la presión de familiares y ONG de derechos humanos (593 votos), y finalmente, el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, que recibió solo 199 votos.
Las encuestas se llevaron a cabo en redes sociales y en espacios públicos de diversas ciudades del país, donde se recogieron un total de 1.637 votos. Familias y organizaciones de derechos humanos han trabajado arduamente desde las detenciones de finales de julio, organizando vigilias, marchas y reuniones para abogar por la liberación de los detenidos.
Según el Foro Penal, el número total de presos políticos en Venezuela asciende a 1.887, con 1.303 detenidos entre el 29 de julio y el 1 de agosto, a raíz de las protestas posteriores a las elecciones. Mientras tanto, el Ministerio Público reportó 1.062 personas aprehendidas por supuestas conexiones con actos violentos en varias regiones del país.
DCN/Agencias