Alberto News – Caracas, 07 de Enero del 2024. Nicolás Maduro enfrenta un contexto complicado, con un fuerte rechazo internacional y movilizaciones populares en su contra, tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este documento detalla los actos de “terrorismo de Estado” cometidos por el régimen para consolidar su poder y frenar una posible transición democrática liderada por la oposición, representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
La CIDH concluye que “la opacidad electoral impide considerar legítima la reelección de Nicolás Maduro”. En este clima, Maduro planea una ceremonia institucional el 10 de enero, mientras que González Urrutia y Machado reciben respaldo internacional, especialmente de países que condenan las tácticas de fraude y represión.
En los últimos días, González Urrutia fue recibido por los presidentes Joe Biden, Javier Milei y Luis Lacalle Pou. Por su parte, machado organiza protestas para contrarrestar las intenciones de Maduro, que cuenta con el apoyo tácito de líderes como Lula da Silva y Gustavo Petro.
El informe de la CIDH, de 45 páginas, documenta cómo el régimen implementó una estrategia represiva antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, que se caracterizó por la coacción a la oposición, obstaculización electoral, detenciones arbitrarias y amedrentamiento de críticos. Se menciona específicamente la inhabilitación de María Corina Machado por las autoridades.
Desde 2015, 7,7 millones de venezolanos han salido del país buscando protección. El régimen ha intensificado la represión contra la oposición, y organizaciones han registrado miles de detenciones injustificadas.
El informe también revela que entre el 28 y 30 de julio de 2024 hubo graves abusos de fuerza, resultando en al menos 25 muertes, muchas atribuidas a fuerzas de seguridad y grupos armados. Las autoridades han identificado patrones de atención para desmantelar a quienes critican la administración.
La CIDH destaca preocupaciones sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, con el cierre de numerosos medios y la detención de periodistas. Además, las autoridades estatales han hostigado a opositores políticos, señalando un clima de terror alimentado por el discurso oficial.
Al cierre del informe, la CIDH solicita a la comunidad internacional que reconozca la crisis de derechos humanos en Venezuela y active medidas diplomáticas para restaurar la democracia antes de la ceremonia del 10 de enero que Maduro planea llevar a cabo en Caracas.
DCN/Agencias