Venezuela enfrenta un pago de 8.700 millones de dólares tras la pérdida de apelación frente a ConocoPhillips por la expropiación de activos.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial falló en contra de Venezuela, ratificando que el país debe indemnizar a ConocoPhillips con US$ 8.700 millones. Esta demanda surge de las expropiaciones de activos que se llevaron a cabo durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, en un proceso que se inició entre 2007 y 2009.
La decisión, anunciada el 23 de enero por ConocoPhillips, establece que se desestimó la última apelación presentada por el gobierno venezolano. En la sentencia inicial de 2019, el tribunal internacional calificó las expropiaciones como confiscaciones ilegales y ordenó la compensación a la empresa estadounidense.
ConocoPhillips emitió un comunicado expresando que está satisfecha con el fallo, resaltando que refuerza el principio de que las inversiones privadas no pueden ser expropiadas sin compensación adecuada por parte de los gobiernos.
El gobierno venezolano había solicitado la revocación del fallo de 2019, argumentando que el monto que se debía pagar estaba sobreestimado. Esta batalla legal ha continuado bajo la administración del actual presidente Nicolás Maduro.
El fallo del CIADI cierra las opciones legales para que Venezuela eluda su compromiso de pago. A su vez, se da en un contexto en el que un juez federal de Estados Unidos está conduciendo la subasta de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo, que es una refinería de petróleo de propiedad venezolana. Los ingresos provenientes de esta licitación están destinados a compensar a ConocoPhillips y otras empresas que también fueron afectadas por las nacionalizaciones implementadas por el gobierno venezolano en el marco de un proceso amplio por la toma de control de la industria petrolera, impulsado por el incremento de los precios del crudo.
La situación de ConocoPhillips es un reflejo de las tensiones entre el gobierno venezolano y las empresas extranjeras que operan en el país, en un entorno de restricciones económicas y desafíos en la industria petrolera.
DCN/Agencias