El Congreso de El Salvador, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó el miércoles una reforma a la Ley Penal Juvenil que permite el traslado de menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde serán segregados en pabellones hasta cumplir 18 años. Esta reforma establece que aquellos menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado serán administrados por la Dirección de Centros Penales, la cual gestiona las prisiones de adultos.
Los menores permanecerán en pabellones separados hasta que alcancen la edad adulta, momento en el cual pasarán al régimen general de la población carcelaria. Según el diputado Walter Cotto, se busca evitar que estos menores reciban el mismo tratamiento que aquellos involucrados en delitos menos graves. Los adolescentes condenados por delitos comunes seguirán en centros administrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), dedicados a la reintegración social.
En la misma sesión, el Parlamento aprobó otra reforma que prohíbe la libertad condicional para condenados en casos de crimen organizado. Esta legislación estipula que no se concederán beneficios como la libertad condicional o anticipada a quienes hayan sido condenados por delitos en esta modalidad, resaltando la necesidad de restringir el acceso a alternativas de ejecución de penas para estos delincuentes, considerados como una grave amenaza al desarrollo y derechos de la nación.
Estas medidas forman parte de una serie de reformas que endurecen las penas por diversos delitos, comenzando el pasado viernes con el aumento de hasta 60 años de prisión para homicidios agravados. Desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha intensificado su lucha contra las pandillas bajo un régimen de excepción, resultando en más de 83.000 detenciones, de las cuales cerca de 8.000 han sido liberadas, de acuerdo a cifras oficiales.
DCN/Agencias