El Gobernador de Florida propone implementar la pena de muerte para migrantes indocumentados que cometan delitos capitales
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el 13 de febrero un paquete de leyes que intensifican las sanciones para inmigrantes en situación irregular. Este conjunto de normativas establece la pena de muerte obligatoria para quienes cometan delitos capitales.
La ley más destacada, SB 4C, prevé la pena de muerte para migrantes irregulares que cometan delitos graves como asesinato en primer grado, violación de menores y algunos delitos relacionados con el narcotráfico. También extiende esta pena a los miembros de pandillas que no cuenten con un estatus legal.
Además, las nuevas regulaciones tipifican el ingreso al estado sin la debida autorización como un delito, con una pena de cárcel de hasta nueve meses y un mínimo de cinco años para quienes regresen después de haber recibido una orden de salida del país.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, también ha manifestado su interés en revivir la pena de muerte federal, especialmente contra inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves.
Entre los aspectos destacados de la ley de DeSantis, se reservan casi 300 millones de dólares para la aplicación de leyes contra la migración. Se destinarán 298 millones para contratar más de 50 nuevos agentes enfocados en inmigración y se ofrecerán subvenciones para dotar y capacitar a agencias locales. Los oficiales que colaboren en operaciones federales recibirán bonificaciones, y se reembolsará el alquiler de centros de detención.
La ley establece sanciones más severas para todos los delitos cometidos por migrantes sin autorización y hace que ingresar a Florida sin documentos sea un delito en sí, mientras que las fuerzas del orden locales y estatales colaborarán en la aplicación de las leyes migratorias. El gobernador tendrá la facultad de remover a funcionarios locales que no cooperen con los esfuerzos federales relacionados con deportaciones.
Algunas propuestas del gobernador, como restricciones en el envío de remesas por parte de inmigrantes irregulares y la verificación del estatus legal de empleados en empresas pequeñas, no fueron incluidas en el paquete final.
DCN/Agencias