El presidente Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca y, en menos de un mes, ha firmado más de 50 órdenes ejecutivas, superando a sus predecesores Joe Biden y Barack Obama. Estas órdenes abarcan áreas como migración, economía, derechos civiles y política exterior.
En cuanto a la seguridad nacional, Trump ha incrementado las restricciones migratorias, calificando la situación en la frontera sur de "invasión", suspendiendo la entrada de migrantes y firmando el Laken Riley Act, que refuerza la detención de inmigrantes acusados de delitos. También ha puesto énfasis en abordar la crisis de opioides y clasificó a las pandillas MS-13 y Tren de Aragua como organizaciones terroristas.
En política exterior, ha reactivado sanciones contra Sudáfrica y el Tribunal Penal Internacional, y ha vuelto a aplicar la estrategia de "máxima presión" sobre Irán, suspendiendo también la ayuda exterior durante 90 días.
Desde el ámbito económico, impuso aranceles del 25% a productos de México y Canadá, aunque suspendió estos aranceles temporalmente. También creó el Consejo Nacional de Dominio Energético para aumentar la producción de recursos energéticos en EE. UU.
En derechos civiles, ha prohibido el financiamiento federal para tratamientos de cambio de sexo en menores y ha establecido que la participación en deportes se base en sexos biológicos. Además, creó la White House Faith Office para integrar la religión en políticas públicas.
En educación, ha signado órdenes para erradicar lo que él llama "indoctrinación radical" en escuelas y ha proclamado febrero como el "Mes del Corazón Americano".
En justicia, reinstauró la pena de muerte federal y eliminó regulaciones anticorrupción. También potencia la inteligencia artificial y estableció el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología.
Respecto al medio ambiente, eliminó restricciones ambientales y promovió el desarrollo de recursos naturales en Alaska, mientras que en salud, prohibió la obligatoriedad de vacunación contra la COVID-19 en las escuelas.
Finalmente, ha iniciado una reforma administrativa, creando el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y estableciendo que por cada nueva regulación, se deben eliminar al menos diez existentes. Trump busca así una reestructuración radical respecto a la administración de Biden.
DCN/Agencias