Nicaragua abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras un contundente informe sobre la represión a la disidencia
El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, anunció este jueves su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este anuncio llegó tras la divulgación de un informe por parte de un grupo de expertos de la ONU que acusó al gobierno de Managua de crear una «maquinaria unificada de represión» contra la disidencia.
En un comunicado del Ministerio de Exteriores de Nicaragua, se afirma que el Consejo ha perdido su naturaleza y que el país no se considera parte de “atropellos” a la soberanía de los Estados. La cartera de Exteriores sostiene que, nuevamente, el Consejo de Derechos Humanos viola sus principios de objetividad e imparcialidad.
El informe mencionado no ha sido reconocido por el Gobierno, que lo considera una muestra del “doble rasero y la politización” de las instancias de derechos humanos, que, según ellos, utilizan estas herramientas para interferir en los asuntos internos del país.
Las autoridades nicaragüenses denunciaron que dichos mecanismos son un impedimento para el desarrollo económico y social del pueblo, y que han sido utilizados para desprestigiar la labor del Gobierno en la búsqueda de paz y seguridad.
El texto del comunicado agrega que estos organismos de la ONU han favorecido la violencia contra el pueblo nicaragüense, incluyendo asesinatos y violaciones, y han causado severos daños a la economía nacional. Se menciona que estos organismos “celebran” la imposición de medidas coercitivas unilaterales que han sido condenadas por la Asamblea General de la ONU por ser ilegales y violatorias del Derecho Internacional.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que actúa bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos, acusó a Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo, de establecer un control total del Estado, apoyándose en una red de vigilancia que denuncia cualquier desviación de la línea oficial.
Además, resaltaron que la reforma constitucional del 18 de febrero, que otorga todos los poderes al presidente, marcó un golpe al Estado de derecho. Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, se han registrado detenciones arbitrarias y la pérdida de la nacionalidad a más de 450 personas consideradas opositoras.
DCN/Agencias