El Departamento de Justicia de EE. UU. señaló el lunes que la orden emitida el sábado por un juez federal para detener las deportaciones de ciudadanos venezolanos no es aplicable. Argumentaron que “una directiva oral no tiene validez como un requerimiento”, enfatizando que las órdenes escritas son esenciales para aclarar los procedimientos permisibles.
Esta respuesta llegó tras la decisión del juez James Boasberg, quien suspendió la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1789 que permite al presidente expulsar a ciudadanos de ciertos países en tiempos de conflicto.
La ACLU y otras organizaciones de derechos civiles criticaron a la administración de Trump. Aseguran que la Casa Blanca violó la orden judicial al afirmar que dos aviones con deportados estaban en vuelo durante la emisión de la decisión. Según ellos, los venezolanos mantenían su estatus bajo la jurisdicción estadounidense y debían ser devueltos al país.
La orden del juez Boasberg indicaba que cualquier avión debía regresar a Estados Unidos, sin embargo, la orden escrita no hacía mención específica a esta situación y prohibía cualquier expulsión mientras se mantuviera vigente. Abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la orden escrita, aunque menos detallada, representaba un análisis más cuidadoso por parte del tribunal sobre sus competencias. Resaltaron que “el escrito prevalece”.
Además, indicaron que la orden judicial, emitida a las 19:25 del sábado, no afecta las competencias del presidente para realizar operaciones militares exteriores según el Artículo II de la Constitución.
En otro contexto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la llegada de 238 supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua desde Estados Unidos, a solicitud de Trump. Este traslado se realizó bajo la misma ley de 1789 que otorga poderes especiales al presidente para expulsar a ciertas nacionalidades en tiempos de guerra.
Se espera que el mismo lunes a las 17:00 (hora local) se lleve a cabo una nueva audiencia con el juez Boasberg, quien ha rechazado una solicitud de aplazamiento por parte del Departamento de Justicia.
DCN/Agencias