La abogada especialista en derecho laboral, Janet Cedeño, abordó el artículo 91 de la Constitución de Venezuela, que indica que el salario mínimo debe ser suficiente para garantizar una vida digna a trabajadores y sus familias. Este sueldo mínimo se ajustará anualmente, considerando el costo de la canasta básica, según lo señalado en la ley.
Cedeño también citó el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), que define el salario como cualquier forma de pago que se evalúe en moneda de curso legal y que se derive de la prestación de servicios, incluyendo comisiones y otros beneficios.
En 2023, el gobierno instauró un decreto de ingreso mínimo integral que incluye el bono Contra la Guerra Económica (90 dólares) y el bono de alimentación (40 dólares). Sin embargo, estos bonos no influyen en las prestaciones laborales, lo que los diferencia del salario mínimo. Este ingreso mínimo totaliza 130 dólares, lo cual ha generado descontento entre trabajadores del sector público y pensionados, quienes piden un pronunciamiento claro sobre el salario mínimo.
En la región de Guayana, el gremio educativo demanda mejoras salariales. Según la LOTTT, el salario debe ser acorde a las necesidades de los empleados y sus familias. A pesar de esto, el sueldo mínimo ha permanecido en 130 bolívares (2 dólares) desde marzo de 2022, muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que se estima en 498,67 dólares, según Cendas-FVM.
Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, expresó que el bono de guerra y el de alimentación no son salarios y exigió un salario mínimo de 500 dólares. Además, abogó por un presupuesto suficiente para la universidad y la mejora de las condiciones de salud laboral de los profesores.
DCN/Agencias