Juez critica la falta de claridad de la Casa Blanca en relación a las repatriaciones a El Salvador.
Un juez federal de EE. UU. ha suspendido las expulsiones en caliente de venezolanos hacia la ‘supercárcel’ en El Salvador, ordenada por el presidente Nayib Bukele. El magistrado James Boasberg consideró que los argumentos de la Casa Blanca son «lamentablemente insuficientes» y exigió aclaraciones a la Administración Trump para el 25 de marzo sobre si planea declarar esta situación como secreto de estado.
Hasta el momento, la única respuesta ha llegado del director local del departamento de Operaciones de Control y Deportación (OCD) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Miguel Vergara. Él ha trasladado al tribunal la posibilidad de clasificar la información como secreta, argumentando que se trata de un tema serio que involucra la seguridad nacional y las relaciones exteriores, lo cual, según él, no puede resolverse en un lapso breve.
Vergara lidera la OCD en Harlingen, Texas, desde donde partieron vuelos a El Salvador con más de 250 individuos presuntamente vinculados a grupos criminales como el Tren de Aragua y las maras locales. Estas expulsiones se basan en una ley de seguridad nacional de hace más de dos siglos, que omite los procedimientos regulares de deportaciones. Boasberg ha congelado dichas expulsiones por al menos 14 días.
El juez está indagando si la Administración Trump actuó en desafío a su autoridad al permitir esos vuelos mientras se discutía la suspensión. La Casa Blanca ha defendido su posición, alegando que los vuelos se llevaron a cabo durante las deliberaciones judiciales y antes de que se emitiera la orden de suspensión definitiva.
En su dictamen, el juez cuestiona la autoridad de Vergara para informar al tribunal sobre las deliberaciones sobre el secreto de estado. Boasberg ha solicitado a la Casa Blanca que presente una declaración jurada de una persona involucrada directamente en las discusiones sobre el privilegio de secreto. Además, ordenó que se informe antes del próximo martes si se mantendrá la declaración del secreto de estado y que justifiquen su afirmación de que no desafiaron su autoridad al hacer despegar estos vuelos el 15 de marzo.
DCN/Agencias