La víctima, que actualmente tiene 12 años, está embarazada de dos meses y se encuentra bajo tratamiento psicológico. El caso ha encendido las alarmas en el país y ha levantado una ola de repudio por la permisividad con la que los niños conviven con peligrosos criminales en las prisiones.
Según estimaciones oficiales, unos 1.500 niños y adolescentes viven en las cárceles bolivianas con sus padres mientras estos pagan condenas y al menos 250 menores viven en el penal de San Pedro, lo que propicia estos crímenes y situaciones de promiscuidad.
Por otro lado, el comandante general de la Policía, el general Alberto Aracena, ha solicitado al director de Seguridad de la cárcel de San Pedro un informe detallado sobre el caso para tomar acciones inmediatas ante el peligro al que están expuestos los menores.
«Como policía no me lavaré las manos» y por este motivo «he pedido los informes» para ver «hasta qué punto este caso tiene que ver con el tema seguridad en la cárcel», destacó.
El director general añadió que este caso fue descubierto gracias a un trabajo multidisciplinario llevado a cabo en los recintos penitenciarios como parte de las reformas en el sistema.
Ante los últimos casos de violaciones a menores, el diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterio ha planteado una ley que incorpore la castración química de quienes cometan el delito de violación en el país en el Código Penal. Aparte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Garvizú apoyó la medida, alegando que ya es tiempo de que la Asamblea Legislativa debata este tema y busque un castigo ejemplar para los violadores.
DC/con información de Infobae y EP