Zoilamérica Narváez, quien se hizo reconocida en 1998 cuando denunció que su padrastro Daniel Ortega la violó repetidas veces cuando era una niña, creó polémica nuevamente al denunciar en esta oportunidad, que es perseguida por el gobierno de Ortega.
El exguerrillero sandinista es acusado por Narváez de ahogar financieramente a la organización no gubernamental que fundó –el Centro de Estudios Internacionales– y expulsado a su compañero del país, acusándolo de violar las leyes migratorias nicaragüenses.
Narváez está ahora en Costa Rica, donde se reunió con su compañero, el boliviano Carlos Ariñez Castel, y desde donde explica a EL PAÍS el motivo de su reaparición mediática. Asegura que ha vivido una pesadilla en los últimos años, porque desde la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), controlada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se le ha prohibido trabajar, mantener encuentros públicos o hablar con otros sobre su caso. Su madre, Murillo, la ha llamado personalmente para amenazarla, asegura Narváez. ¿El motivo? El peso simbólico de la mujer que un día decidió retar al caudillo nicaragüense y cuya denuncia desenmascaró a un hombre que muchos veían como uno de los últimos representantes de la izquierda revolucionaria latinoamericana.
“Afirmo que fui acosada y abusada sexualmente por Daniel Ortega Saavedra, desde la edad de 11 años, manteniéndose estas acciones por casi veinte años de mi vida. Afirmó que mantuve silencio durante todo este tiempo, producto de arraigados temores y confusiones derivadas de diversos tipos de agresiones que me tornaron muy vulnerable y dependiente de mi agresor”, narró Narváez.
Muchas organizaciones, sobre todos feministas, la apoyaron, aunque años después se sintieron traicionadas cuando Zoilamérica decidió hace seis años retirar la demanda que había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado de Nicaragua por denegación de justicia.
Narváez asegura que lo hizo de buena fe, para reintegrarse a una vida social después de años de desgaste. Asegura que hubo un arreglo con el Estado de Nicaragua, pero no una reconciliación familiar. Asegura que no renunció a su lucha, sino que “simplemente hice un cambio de método”. Y ahora, dice, el Gobierno la persigue, por eso han ahogado financieramente a su ONG prohibiendo a Gobiernos como el de Noruega que le entregue apoyo económico, y por eso deportaron, como si fuera un criminal, a su compañero boliviano.
La imagen de Narváez con el rostro pegado a un alambrado, en las afueras de la Dirección de Migración, en Managua, angustiada y esperando noticias de su compañero, sin duda pasará a la historia de este país como un nuevo símbolo de los abusos de poder en Nicaragua, tal como ha pasado aquel relato de 1998, cuando Narváez denunció por violación a Daniel Ortega. “Me miran como un enemigo político”, asegura la mujer en esta entrevista.
DC/El País