La interrupción del embarazo, en todos los supuestos, está prohibida y el empresario-presidente ultraconservador se ha opuesto a flexibilizar la medida.
El embarazo de Belén, una niña de 11 años, ha desatado una polémica en Chile, donde el aborto está prohibido sin excepciones. La menor, como consecuencia de los constantes abusos sexuales de su padrastro, está embarazada de 14 semanas y los médicos afirman que la vida de la niña afronta un alto riesgo.
En Chile estaban autorizados los abortos por razones médicas hasta que en 1973 los prohibió la dictadura del asesino Augusto Pinochet. El Gobierno actual del empresario-presidente ultraconservador Sebastián Piñera se ha opuesto a flexibilizar la medida.
Este caso se ha conocido cuando la menor acudió con su abuela a un centro médico a causa de dolores abdominales. La abuela de la niña, residente en Puerto Montt —1.000 km al sur de Santiago—, denunció el caso a la “justicia” el 11 de junio, y este miércoles, el padrastro confesó haber violado a la menor. De momento está detenido, aunque por experiencias anteriores, los movimientos sociales suponen que no será por mucho tiempo.
Chile es uno de los cinco países de América Latina que prohíbe el aborto en cualquier caso. Esta práctica también está totalmente vetada en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Surinam.
El veto provoca situaciones como la de la menor de 11 años y otros casos tan dramáticos como el de la joven salvadoreña Beatriz, a la que el Gobierno “progresista” del FMLN negó el amparo para que interrumpiera su embarazo de riesgo a pesar de que sufre de lupus. Finalmente los médicos le practicaron hace un mes una cesárea de emergencia con 27 semanas de embarazo para salvar su vida. Como se había diagnosticado, la hija que esperaba nació sin cerebro y vivió apenas cinco horas.
El Código Penal castiga todo aborto intencional, incluso el causado después de una violación. Se castiga tanto a quien practica el aborto como a la mujer que lo consiente. Además, según una investigación realizada por el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, muchas de las mujeres denunciadas por aborto en Chile no recibieron defensa legal alguna durante 2012. Tan sólo un 38% de mujeres recibió defensa legal y un 60% no tuvo en su proceso ningún tipo de ayuda profesional.
Numerosas organizaciones feministas y movimientos sociales están preparando manifestaciones en protesta por la actitud troglodita del Gobierno. Se han lanzado nuevas campañas en demanda de la legalización del aborto en todos los supuestos, o al menos en casos de violación o si el embarazo representa un peligro para la salud de la madre. Sin embargo, el Senado de Chile rechazó en el 2012 tres iniciativas de ley que pretendían flexibilizar la prohibición sobre los abortos.
Seguramente las esposas e hijas de los senadores abortan tranquilamente en las modernas y carísimas clínicas del país del “milagro económico”, o tienen dinero para cruzar los Andes hacia la vecina Argentina.
DC/ Agencias