Romero hizo referencia a los 5.300 casos suscritos por el ex magistrado que no han sido investigados califica estas sentencias como perjudiciales para el pueblo venezolano.
Por otro lado también se declaró sobre el caso de Juan Carlos Caldera el cual calificó de una persecución política, el gobierno emplea su poder para agredir y perseguir a sus opositores. Además acotó que la publicación de grabaciones privadas es un delito tipificado en la ley y que si la intención era desenmascarar un delito el video debió ser llevado inmediatamente a la fiscalía. “Aquí lo que se quiso hacer fue un show político”.
Por su parte, la abogada Ligia Camejo, expresó que hay muchas personas decentes sufriendo por expedientes “amañados” por Aponte. Se refirió en particular al excandidato de la alcaldía de Yaracuy, Kamel Salame Ajami.