Se prevé un largo e intenso debate entre los integrantes de la Cámara Alta, después de que el martes la Comisión de Salud del Senado aprobara las modificaciones al proyecto original realizadas en la Cámara de Diputados.
La nueva ley, que colocará a la pequeña nación sudamericana entre los países pioneros en Latinoamérica en esta materia, despenalizará el aborto hasta la semana 12 de gestación, aunque para algunas organizaciones civiles no solo es insuficiente sino que en algunos casos resulta un retroceso.
Según la Coordinadora General CNS Mujeres, con la futura normativa "no se despenaliza" realmente el aborto, "sino que se suspende la aplicación de la pena en determinadas circunstancias y condiciones".
El proyecto, fruto de una promesa electoral del partido gobernante, el izquierdista Frente Amplio, establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico que las derivará a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán.
Luego tendrán cinco días para reflexionar, tras los cuales podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro público o privado.
Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales.
Una vez sea aprobada este la nueva ley en el Senado, faltará tan solo que el presidente uruguayo José Mujica la promulgue para que entre en vigor, algo que el mandatario ya ha anunciado que hará.
En Uruguay cada año se producen más de 30 mil abortos ilegales, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.
EFE